Escolano exige la tasa Google, pero la UE no tiene aún consenso

El ministro de Economía, Román Escolano, se ha mostrado favorable a implantar la «tasa Google» -un impuesto sobre los ingresos de las grandes tecnológicas- y quiere implantarlo en España de cara al 2019 para sufragar el déficit de las pensiones.

En España, según la Constitución, está totalmente prohibido implantar un impuesto finalista. De hecho, el único impuesto en este sentido son las cotizaciones sociales, que no tienen carácter legal de tributo. El principal problema de esta tasa es el embrollo legal para desarrollarlo, ya que aplicar una tributación sobre impuestos y no sobre el beneficio podría ser demandado ante la Justicia.

Si bien las grandes tecnológicas han encontrado en Europa un vergel para evitar pagar tipos del 25% en el impuesto de Sociedades -abonan un 9%, según los datos de la Comisión Europea-, los gobiernos tratan ahora de corregir este desaguisado, pero habría que reformar la ley, ya que estas compañías están copando el mercado a marchas vertiginosas.

Por ahora, Escolano tacha la medida de «temporal» y que sería aplicada tanto en 2019 como en los años fiscales siguientes. No obstante, España cuenta con pocos apoyos, algunos de ellos de peso como Alemania, pero sin la unanimidad exigida en la UE para aplicar una ley de este tipo. A nivel nacional se puede introducir esta tasa, pero aunque se venda como un impuesto finalista, la realidad es que no es así, sino que el dinero irá destinado a la caja común, como el resto de tributos, a no ser que se modifique la Constitución Española. El Gobierno, por boca de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, aboga por argumentar que el dinero de esta recaudación irá destinado a cubrir el déficit de pensiones.

Escolano tiene la intención de presentarlo «cuanto antes» y que «tenga efectos también en 2019 y sucesivamente», y apeló al «mayor consenso posible».  Para el ministro de Economía, este nuevo impuesto es de «justicia social» y «competencia», más cuando las grandes tecnológicas aportan una ínfima parte de sus beneficios a las arcas públicas, todo ello de forma claramente legal y con la legislación europea vigente, ya que así se permite. Lejos de admitir el tremendo error de no cambiar las leyes a tiempo y de adaptarlas a la era tecnológica, los Gobiernos sondean terrenos hasta ahora inexplorados, más cuando el remedio puede ser peor que la enfermedad.

«España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas nuevas figuras y nos parece importante, en el contexto del debate que estamos teniendo, incorporar a nuestra legislación nacional figuras como las que ayer se anunciaron sin que esto signifique que el debate no tenga que seguir», ha afirmado el ministro de Economía.

Entre los apoyos recabados están Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, más cuando estos países ya han introducido estas tasas. No obstante, no hay unanimidad entre los 28. El impuesto aplicará un 3% sobre los ingresos de determinados servicios digitales con una facturación superior a los 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. De esta forma, se podría aplicar también a empresas con negocios físicos y que se han adaptado a la tecnología. PIB.