La Eurocámara aprueba el registro de pasajeros en aeropuertos

La Eurocámara ha dado su visto bueno a la puesta en marcha del dispositivo europeo para el registro en fichero de los pasajeros aéreos, que solo podrá utilizarse para una lista limitada de delitos, como el terrorismo.

El registro de pasajeros (PNR en sus siglas en inglés), presentado por sus defensores en particular como un instrumento de lucha antiterrorista, fue respaldado por una amplia mayoría de 461 diputados (179 se pronunciaron en contra y 9 se abstuvieron) al término de un largo proceso de cinco años no exento de polémica.

El Partido Popular Europeo (PPE) fue desde el principio su gran valedor en la Eurocámara, mientras que entre los socialistas (mucho más en las filas de otros grupos) hubo algunos que mostraban una cierta prevención por los riesgos de intromisión en la privacidad, y eso redundó en cambios hasta el texto final.

En el último año también ejerció una presión explícita el Gobierno francés, con el argumento de que los atentados perpetrados en su territorio en 2015 se planificaron o se prepararon en el extranjero, y en nombre de la acción contra las redes yihadistas que se sirven de la libre circulación en el interior de Europa y de la falta de comunicación entre servicios secretos para borrar trazas.

El PNR compilará, de forma armonizada en cada uno de los 27 países del dispositivo europeo (Dinamarca está excluida) mediante una Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP), una serie de informaciones que tienen las compañías aéreas desde el momento en que se hace una reserva, como el nombre, las fechas de viaje, el itinerario o la modalidad de pago.

Las informaciones se intercambiarán, bien a petición específica de un país que esté siguiendo el rastro de un sospechoso que pueda volar desde o hasta otro Estado de la UE, bien a iniciativa de la UIP si estima que hay informaciones cuya explotación podría ser interesante para las fuerzas del orden de tal o cuál lugar.

En cualquier paso, los ficheros sólo podrán utilizarse para una lista restringida de delitos graves, como el terrorismo, y no habrá una circulación sistemática entre los 27 países implicados, como lo habrían querido los liberales -sometieron, infructuosamente, una enmienda para conseguirlo-, una posibilidad más invasiva para la privacidad y que, según algunos expertos, podía restarle eficacia.

Los datos sólo se conservarán de forma íntegra durante seis meses, al cabo de los cuales se enmascararán los elementos que identifican a cada pasajero, y se suprimirán tras cinco años.