Ex altos cargos de Gesturcal insisten en que el pago de facturas era orden directa de Economía

ICAL

Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y  Francisco Armero, exdirector financiero de esta empresa pública, que se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel por el ‘caso de la Perla Negra’, coincidieron en su declaración de hoy, ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid, que el abono de las facturas, tanto las relacionadas con la compra y adecuación del edificio de Arroyo de la Encomienda, como las del malogrado polígono industrial de Portillo, se realizaba por orden directa de la Consejería de Economía y generalmente por mandato del entonces viceconsejero, Rafael Delgado.

Salvador Molina, que fue el primero en declarar, explicó que antes de la compra del edificio de Arroyo, Gesturcal tenía experiencias similares en un edificio del Parque Tecnológico de Boecillo que se convirtió en sede de Telefónica, en el Museo de Arte Contemporáneo de León (Musac) y en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, aunque en todos estos casos Gesturcal asumió plenamente la construcción.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Molina, que reconoció que en la compra de terrenos de Portillo no tuvo ninguna participación, explicó que aunque de las facturas relacionadas con el edificio de Arroyo se devolvieron por no corresponder a trabajos encargados por Gesturcal, al final se acabaron abonando por orden directa de la Consejería de Economía.

En la misma línea se pronunció Francisco Armero, que reconoció que aunque no hubo ningún contrato firmado entre Gesturcal y Unifica, la empresa encargada de la compartimentación y mejoras del edificio, Gesturcal tuvo que hacer frente al pago por ser una gestión directa de la Consejería. No obstante, Armero reconoció que existía un plan de negocio sobre el edificio de Arroyo que contó con el visto bueno de Hacienda y con el que se pretendía hacer frente a los costes con el pago de las rentas de alquiler.

Por otra parte, sobre el polígono de Portillo, Armero reconoció que se mostró contrario a la firma de un convenio marco con Cementos La Bureba para la adquisición de terrenos, dado la complicada situación financiera que Gesturcal atravesaba en esos momentos.

No obstante, indicó que por orden de Rafael Delgado al entonces presidente de Gesturcal, Jesús Jiménez, se llevó a cabo la operación, que también contaba con el visto bueno del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que en una reunión a la que también asistió Delgado y él mismo, planteó continuar con la negociación, pero adquirir menos terrenos de los previstos en un primer momento y que ascendían a dos millones de metros cuadrados.