La exalcaldesa socialista de Jerez ingresa en prisión por conceder subvención a una empresa

La exalcaldesa socialista de Jerez ingresa en prisión por conceder subvención a una empresa

01 febrero, 2016
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Actualizado: 01 febrero, 2016 0:00
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La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha ingresado en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos relacionados con la concesión de una subvención a una empresa para que se instalara en la ciudad.

Pilar Sánchez se convierte así en la segunda regidora de la ciudad gaditana que es encarcelada, ya que el que fuera su socio de gobierno, exlíder del PA y alcalde de Jerez durante más de 20 años, Pedro Pacheco, cumple desde hace un año en el centro penitenciario Puerto III una pena de cinco años y medio de cárcel. Sánchez ingresó a última hora de la tarde de ayer en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra.

La Audiencia Provincial de Cádiz dio el pasado viernes un plazo de dos días a la que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 para que ingresara en prisión para cumplir la sentencia que le impuso y que el pasado diciembre fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia considera probado que la que fuera también secretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara «con cariño» y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por el PA en el 2009.

Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.

La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio.

El ingreso en prisión de Pilar Sánchez (nacida en Ceuta en 1958 y funcionaria del ámbito de la Educación) es un paso más del cruce de denuncias en los juzgados en los que derivó el enfrentamiento político entre los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales y que han combinado malas relaciones con pactos de gobierno.

Dos de ellos, Pacheco y Sánchez, están ya en prisión, y la tercera, la popular García-Pelayo, es investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada (en la anterior legislatura fue senadora y en esta es diputada) dentro de una pieza separada de lo que se conoce como la rama jerezana de trama Gürtel.

Los tres coincidieron el pasado 19 de enero en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde estos días está siendo juzgado Pedro Pacheco por un supuesto caso de corrupción urbanística por los que el fiscal pide para él otra condena de siete años de cárcel. Ellas fueron como testigos.

Aquel día, en lo que sería su última aparición pública antes de ingresar hoy en prisión, Sánchez, insistió en su inocencia, en que nunca se ha «llevado nada de nadie», en que siempre buscó el bien de la ciudad y en que aún conservaba esperanzas de que el Tribunal Constitucional crea su versión, la de que ella sólo quiso apoyar a una empresa que iba a invertir ocho millones de euros en la ciudad.

«Me ha salido muy caro ser la alcaldesa de esta ciudad», señaló aquel día a los periodistas, mientras contaba que «una y otra vez» se pregunta por qué le ha tocado a ella pasar por este «calvario» judicial por gestiones que en otros ayuntamiento no han tenido estas consecuencias.

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