"Exprópiese", "Exprópiese", la solución de Podemos para las autopistas de peaje

Como Hugo Chávez, que en 2010 decretó en Venezuela que todos los edificios, calles, casas privadas, hospitales públicos y privados, centros comerciales, iglesias, carretras, etc, podían ser expropiados por el Estado, Podemos propone en España la nacionalización de las autopistas de peaje aprovechando el caos vivido en el fin de semana de Reyes en el AP-6.
Famosa es aquella imagen de Hugo Chávez paseando por las calles de Caracas dando lecciones de historia socialista y revolucionaria cuando el mandatario preguntó al alcalde de la capital venezolana en qué se ocupaba ahora una casa y cuando éste respondió que era una propiedad privada, Chávez decretó: «¡Exprópiese!». Y así, al grito de ordeno y mando, continuó con hasta tres edificios más de la plaza. «Exprópiese», «Exprópiese», «Exprópiese».
El grupo de Unidos Podemos, que nunca ha negado su simpatía por el régimen bolivariano de Venezuela y sobre el que pesan acusaciones de financiación irregular de ese país, ha reclamado en España la misma medida para las autopistas de peaje.
«Exprópiese», «Exprópiese», «Exprópiese», las autopistas de peaje españolas tras quedar patente, después del «desastre» del pasado fin de semana en la AP-6, que la red de carreteras «no puede estar en manos privadas porque no son capaces de gestionarlas», señala Unidos-Podemos.

Iniciativa parlamentaria para su expropiación

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha presentado hoy en rueda de prensa las iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados (una proposición no de ley y varias preguntas escritas) para exigir al Gobierno que las autopistas de peaje retornen al sector público y para que de explicaciones sobre los problemas en la AP-6 los días 6 y 7 de enero.
Montero ha explicado que entre 2018 y 2021 se acaban la mayoría de las concesiones que tienen las empresas privadas para gestionar los peajes y por ello considera que es el momento propicio para que «los españoles sean los gestores de su red de carreteras».
En este sentido, Montero ha asegurado que la política económica privatizadora del PP no ha servido para gestionar bien la carreteras y ha cifrado en 50 euros el coste que para cada ciudadano ha supuesto el rescate en 2017 de las autopistas en quiebra.
Según ha calculado, el Estado controlaría el 70 % de la red de carreteras española si a las autopistas que se les agota la concesión en los próximos años se les sumasen las ya rescatadas con dinero público.

Rédito político del caos

«¿Qué pensarían los ciudadanos si vieran que la concesión de la AP-6, que se acaba este año, vuelve a gestionarse de forma privada después del desastre que se vivió?», ha preguntado de manera retórica la diputada de En Marea Yolanda Díaz.
Asimismo, Díaz ha dicho que el modelo general con el que se gestionarían las autopistas sería totalmente gratuito, si bien se tendría que debatir el tratamiento por el que se regirían los transportistas.