Facua acusa a Vitaldent de desproteger a los clientes de sus franquicias

Sevilla, 16 feb.- Facua ha acusado a Vitaldent de «desproteger a los clientes» de sus franquicias, al negarse a dar una solución o alternativa a raíz de una denuncia que presentó esta organización en 2015 por un mal servicio en un centro franquiciado en la provincia de Cádiz.

Según un comunicado Facua, Vitaldent no informa a los usuarios ni a través ni de la franquicia ni de la web o de anuncios en diferentes medios de que la franquicia y la mercantil son empresas disociadas.

Sin embargo, en su web Vitaldent asume como propios los «más de siete millones» de clientes, pero luego no se hace cargo de los problemas que surgen en los centros, ha censurado la asociación de consumidores.

Facua gestionó las reclamaciones de un usuario afectado por un mal servicio en una franquicia de Vitaldent de Chiclana (Cádiz) y se puso en contacto con la empresa matriz, Laboratorio Lucas Nicolás, para que asumiera la responsabilidad de la situación, a lo que la empresa se negó.

Vitaldent indicó que carecen de «legitimación pasiva» en relación a la responsabilidad de una incorrecta ejecución de un tratamiento odontológico en uno de sus centros franquiciados, según Facua.

Por todo ello, Facua ha expresado su preocupación por el futuro de las franquicias Vitaldent y si garantizarán la atención a sus pacientes tras la detención hoy del propietario de la empresa matriz, Ernesto Colman, acusado de delitos contra Hacienda, blanqueo, falsedad y estafa.

Facua remitió la citada denuncia a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, además de a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, al haberse producido en Cádiz las irregularidades que originaron las actuaciones.

Ninguna de las tres administraciones ha comunicado a la asociación si han adoptado medidas contra la empresa, según Facua que ha denunciado que la «falta de información y la lentitud en la tramitación de las denuncias y la falta de contundencia ante los fraudes son una práctica habitual por parte de las autoridades de protección al consumidor en España». EFE