Familia aumenta un 10 por ciento la ayuda a ‘grandes dependientes’ que precisan residencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció hoy en Burgos una subida de más del diez por ciento en las prestaciones a personas dependientes para el pago de las residencias en las que viven. En concreto, las cuantías máximas se incrementan un 10,5 por ciento de media. De esta manera, la prestación máxima de una persona con grado III alcanza los 1.065 euros, frente a los 715 euros que establece el Estado.

Durante su intervención ante los medios, la responsable del Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades explicó que esta subida “va a llegar a más de 52.000 beneficiarios de la prestación vinculada y de asistencia personal y conlleva un incremento del gasto de 17,2 millones de euros”. Asimismo recordó que, en 2022, la Junta de Castilla y León ya destinó “más de 146 millones de euros en prestaciones vinculadas a servicios y asistente personal”.

Así lo indicó tras la firma de un protocolo de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Asociación Castellana y Leonesa de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -sector solidario- (Lares) y la Asociación de Residencias de Tercera Edad en Castilla y León (Acalerte) con el objetivo de desarrollar el nuevo modelo residencial de atención integral centrada en la persona que se está implantando en la Comunidad. Asistieron a la firma los presidente de Lares y Acalerte, Jorge Sainz y Diego Juez, respectivamente. 

Lares y Acalerte agrupan de forma mayoritaria a las entidades titulares de las residencias de personas mayores en Castilla y León. Tal y como señaló la consejera, con la firma de este nuevo protocolo se “refuerza e intensifica” la colaboración de ambas entidades con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, permitiéndoles seguir trabajando conjuntamente en la implantación del nuevo modelo en toda Castilla y León, que redundará en una “mejor atención, más personalizada y de calidad para las personas mayores”.

El presidente de Lares, Jorge Sainz, puso en valor esta ley, que mejorará la “calidad de vida de las personas mayores”, y que esperan que se pueda llevar a cabo este 2023. Asimismo recordó que una atención integral y más beneficiosa para las personas que viven en sus centros tiene que ir “acompasada de una protección presupuestaria capaz de equiparar unos mayores gastos que pueda tener la aplicación de esta ley”, y por ello esperan contar con el respaldo de la administración para poder ofrecerlo. 

Diego Juez, de Acalerte, por su parte, indicó que desde las residencias ven “positivo” este tipo de incrementos, que aunque “todavía no son suficientes”, ven “con buenos ojos”. Asimismo señaló que muchos de sus centros están en el entorno rural, “donde hace falta un tipo de servicio que podemos dar”. Destacó así que desde Acalerte se están “abriendo más a la sociedad”, con el fin de ofrecer soluciones a situaciones como las de la soledad. 

Formación y capacitación de los profesionales

“Tenemos que ser capaces de darles a las personas mayores lo que ellos realmente quieren. No están demandando que en los centro residenciales se sientan como en su casa”, explicó la consejera, recordando que para poder ofrecer esto, primero se debe formar a los profesionales que trabajan en los centros. 

En este sentido indicó que el protocolo recoge un Plan de Formación específica y capacitación práctica en el nuevo modelo de atención centrado en la persona para todos los profesionales implicados, desde los que atienden a los mayores hasta los gerentes y directores de los centros de Lares y Acalerte y de la Gerencia de Servicios Sociales. En datos, Blanco indicó que ya se ha formado a casi 1.500 profesionales, 715 de atención directa y 709 directores y técnicos.

Gracias al acuerdo hoy rubricado, que tiene una duración de cuatro años con posibles prórrogas anuales, garantizó que continuarán con este plan para la formación y capacitación de los profesionales en el nuevo modelo de atención centrada en la persona. En concreto, señaló que durante 2023 se retomará la formación para el personal de atención directa de los centros y se impartirán un total de 45 cursos de forma presencial, 18 cursos en centros pertenecientes a Lares, dos en cada provincia, y 27 cursos en centros de Acalerte, tres en cada provincia.

Blanco subrayó además que se trata de formación “imprescindible” para los profesionales, ya que el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona, en sus necesidades y preferencias, supone una “nueva forma de entender los cuidados de larga duración, con cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales”. Se trata de cambios ambientales y estructurales de los centros residenciales con la creación de unidades de convivencia que replican el tamaño y el ambiente del hogar familiar, de manera que el centro residencial sea una continuidad del hogar y de la vida cotidiana de las personas, así como en el rol de los profesionales. Por este motivo, según recoge el protocolo, también se llevarán a cabo programas formativos concretos para la capacitación práctica de los profesionales de acuerdo con los roles y competencias que establece el nuevo modelo.

Tal y como explicó la consejera, un ejemplo de esta formación especializada es la formación específica en atención libre de sujeciones, que avanzó que ya se está poniendo en marcha en los centros de personas mayores y de personas con discapacidad, “para que los equipos asistenciales aprendan a cuidar sin sujeciones y a guiarles en este tipo de cuidados”. Tres fundaciones especializadas en este tipo de cuidados (Cuidado Dignos, Dignitas Vitae y María Wolff) serán las encargadas de llevar a cabo esta formación, cuya primera convocatoria a los centros ya se ha realizado, habiéndose inscrito 409 de los aproximadamente 700 que hay en la Comunidad, y estando previsto su inicio próximamente.

Lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social

La consejera señaló además que el protocolo firmado hoy contempla la colaboración en la reubicación temporal de las personas en situación de dependencia derivada de procesos de cierres de centros y otros motivos de fuerza mayor, por un periodo no superior a tres meses, con el fin de realizar su reubicación definitiva al mismo o a otro centro pactada con la persona y su entorno familiar. Este proceso de información, orientación y reubicación definitiva estará coordinado por la Gerencia provincial de Servicios Sociales correspondiente, con la colaboración de los representantes provinciales de Lares y Acalerte y la dirección de los centros que hayan acogido a los usuarios de forma temporal.

Por otra parte, el convenio prevé la colaboración para la detección y atención de personas en situación de soledad mediante la participación de los centros multiservicios como puntos de encuentro o participantes de la ‘Red Amiga’ recogida en el Plan de acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social. 

“Los centros que colaboren se coordinarán y facilitarán sus recursos a las personas de su zona de influencia para impulsar su participación en actividades que faciliten su interacción social”, matizó Blanco, quien recordó que, “con el nuevo modelo, los centros residenciales se convierten en centros multiservicio, abiertos a la sociedad, que aúnan los cuidados en el propio centro y en el domicilio”. 

Este convenio refuerza este papel, impulsando su conexión a través de las nuevas tecnologías y diversos servicios de apoyo, así como con una red de profesionales volcados en la atención de los más vulnerables, entre las que se encuentran las personas en situaciones de soledad no deseada o de aislamiento social, facilitando apoyo social, recursos y actividades que promuevan el bienestar y el desarrollo de proyectos de vida.

“Es importante empezar a hablar también en estos términos de soledad cronificada, personas que están en sus casas y no quieren salir. Ya no es simplemente el hecho de que estén solas, sino que ni siquiera quieren salir”, indicó Blanco. Explicó así que estos casos se están detectando y se está actuando en ellos. “El papel que pueden jugar los centros residenciales ahí es muy importante”, agregó. 

“Con todas estas actuaciones estamos facilitando e impulsando la implantación del nuevo modelo de atención residencial en toda Castilla y León progresivamente en todas las residencias y centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales, de manera que todos los centros que se construyan o reformen incorporarán sus requisitos y exigencias”, recordó Isabel Blanco, quien añadió que están realizando “importante inversiones” en este sentido, y, gracias a los cerca de 100 millones de euros que recibirán de los fondos europeos, podrán impulsar “de forma contundente” este cambio en sus centros. 

En esa relación de inversiones figuran la construcción de tres nuevas residencias en Ávila, Salamanca y Zamora, y diversas obras de mejora y remodelación en centros de Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, así como la ampliación de plazas de convalecencia y la reconversión de plazas públicas residenciales de personas válidas en otras para dependientes.

Este modelo de atención se trasladará a todas las residencias y centros de día de la Comunidad a través de la futura Ley reguladora del Modelo Atención Residencial para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León que está tramitando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con el objetivo de que todas las personas mayores reciban una atención y asistencia de calidad en las residencias y centros de día.