Familia ratifica con sindicatos y empresarios los acuerdos sectoriales del ‘Diálogo Social’

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y los representantes de los sindicatos mayoritarios en la Comunidad, CCOO y UGT, y de la patronal CEOE-CyL, validaron los acuerdos alcanzados por el Diálogo Social en materia de Familia y reactivaron las tres mesas abiertas en Dependencia; Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo; y Renta Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección.

Según informó la Junta de Castilla y León en un comunicado remitido a Ical, Blanco garantizó la ejecución de los programas que se encuentran en marcha con la Consejería y que llevan desarrollándose desde el 1 de enero y, entre los asuntos analizados, informó a los presentes del estado de tramitación de la Ley de Violencia de Género y de su próxima remisión al Consejo Económico y Social de Castilla y León para informe.

Mejorar la atención y la calidad de vida de las 105.000 personas dependientes de Castilla y León es el reto al que se enfrenta la Mesa de la Dependencia. En este sentido, la consejera de Familia comunicó en el encuentro mantenido hoy las medidas adoptadas hasta este momento, como son el incremento del seis por ciento de las ayudas económicas, un aumento de ocho por ciento de los conciertos y el refuerzo sustancial de la ayuda a domicilio, tal y como se avanzó en la reunión de constitución de la Mesa de la Dependencia y que, en este momento, se está negociando con las corporaciones locales.

La consejera también avanzó la creación de plazas de convalecencia en Segovia, en colaboración con la Consejería de Sanidad y, en este sentido, ha informado además del estado de tramitación de la nueva Ley de Atención Residencial.

En cuanto a la Mesa de Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, Blanco realizó un balance positivo de las líneas de trabajo para hacer efectiva la conciliación personal, laboral y familiar de hombres y mujeres llevadas a cabo, y aportó datos sobre las actuaciones en marcha. En el caso de la convocatoria de ayudas para familias en excedencia y reducción de jornada, se publicó el pasado 13 de junio con un presupuesto asignado de dos millones de euros, y explicó Blanco los datos relativos a los programas ‘Conciliamos’, ‘Crecemos’ y el ‘Bono Concilia’.

Nuevo acuerdo en Renta Garantizada

Además, Blanco acordó con los agentes económicos y sociales que la Mesa dedicada a la Renta Garantizada de Ciudadanía se activará para firmar un nuevo acuerdo a final de año. La línea de trabajo será la vinculación de los perceptores de la RGC a programas de inserción sociolaboral. Se espera llegar a 3.000 beneficiarios de renta incentivando y favoreciendo el retorno laboral y la salida de situaciones de exclusión. 

En este aspecto, se ha dado traslado también de las iniciativas aprobadas en el Consejo de Gobierno para paliar el agravamiento de la situación económica a través del Plan Anticrisis. En concreto, desde la Consejería de Familia se está trabajando en una convocatoria, cuya publicación está prevista durante este mes de julio, para incrementar las cuantías de los perceptores de Renta Garantizada en un promedio del 15 por ciento durante tres meses, con un presupuesto estimado en 600.000 euros.

El departamento que dirige Isabel Blanco también abordó en este encuentro el seguimiento del acuerdo en materia de inmigración en aquellos asuntos de los que la Consejería es competente. Hasta el 31 de diciembre de 2022 se encuentra vigente el IV Plan Estratégico en materia de Inmigración que fue prorrogado mediante Acuerdo del Diálogo Social en la reunión de 28 de diciembre de 2021. Los presentes en la reunión convinieron constituir la Mesa correspondiente, a partir de septiembre, para la elaboración del V Plan Estratégico de Inmigración que tendrá como objetivo la integración social y laboral de las personas inmigrantes que lleguen a Castilla y León. 

En materia de drogas, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha transmitido la continuación del trabajo para el nuevo acuerdo en materia de prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral, donde se ha incluido como novedad el juego patológico junto al consumo de sustancias dentro de las actuaciones de sensibilización, información, prevención y apoyo al tratamiento de las personas trabajadoras afectadas por esos trastornos adictivos, que desarrollarán los agentes sociales y económicos en el ámbito laboral. s.

Finalmente, la consejera de Familia reiteró el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco con el Diálogo Social y subrayó su utilidad, especialmente en tiempos de crisis. También recordó que los acuerdos suscritos en estas mesas siguen vigentes y en pleno desarrollo. 

Posición común de sindicatos y patronal

CCOO, UGT y CEOE Castilla y León, por su parte, reconocieron hoy el cumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social firmados con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tras conocer los datos aportados en la reunión de seguimiento por parte de la consejera del ramo, Isabel Blanco. Así, en un comunicado conjunto difundido después de la reunión de la comisión de seguimiento, se refieren al cumplimiento por parte de la Junta en materia de Dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección e Igualdad, Conciliación y Juventud.

Según explican, en la reunión de hoy pudieron conocer los datos de los programas que “benefician a miles de familias y personas en Castilla y León ante la difícil situación de crisis que estamos padeciendo”, a la vez que señalan que esta comisión no se reunía desde la convocatoria de elecciones autonómicas, hace ya siete meses. En tal sentido, destacan que “la consejera Isabel Blanco ha mostrado los resultados de los programas que están vigentes”. En la reunión del pasado lunes del Consejo del Diálogo Social se acordó la revisión de los acuerdos, lo que provocó el disgusto y malestar de los agentes sociales dado que están suscritos desde el pasado mes de diciembre.

Como se detalla en la nota de prensa, la Red de Protección a las Personas y las Familias en riesgo de exclusión ha beneficiado a cerca de 200.000 ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Este acuerdo, de 2017, provee de ayudas económicas a las familias con dificultades económicas, el 17,9 por ciento según las Encuesta de Condiciones de Vida, referida a 2020, para el pago de los servicios básicos, como la electricidad, la luz o el gas, o para alimentación o vestido.

Respecto de la Renta Garantizada de Ciudadanía, han permanecido los 3.000 usuarios y usuarias que la estaban percibiendo. Se trata de las personas que, al no poder acceder al Ingreso Mínimo Vital, mantienen este derecho que se logró en 2009 y que, durante sus 10 años en vigor ha beneficiado a 36.000 familias, con un presupuesto cercano a los 70 millones de euros cada año en los últimos 5 de gestión. A mediados de 2020 se puso en marcha en Ingreso Mínimo Vital que vino a sustituir a la Renta pero, al tener requisitos distintos, permanece en vigor para dar la prestación a quienes no tienen derecho al IMV.

Por lo que se refiere al Acuerdo en materia de atención a las personas con Dependencia, con vigencia hasta 2023, trata de adecuar los servicios a las necesidades de las personas, poniendo especial cuidado en proveer de servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a nuestros mayores para que puedan seguir el mayor tiempo posible en su domicilio. La reciente experiencia con la pandemia por Covid-19 “nos ha enseñado también que es necesario mejorar las condiciones laborales del personal que atiende a nuestros mayores en los centros residenciales y a esto también está dirigido el Acuerdo”. precisan.

Aunque aún indican que no se han convocado algunas de las ayudas de Igualdad y Conciliación como las de excedencia y reducción de jornada para 2022, si están vigentes otros programas como el Conciliamos que permite a las familias mantener a los niños y niñas en los centros educativos durante el verano realizando actividades lúdicas. La consejera explicó, según los agentes sociales, que también está en tramitación la Ley de Violencia de Género que se consensuó en la pasada legislatura y que se ha enviado al CES para que este organismo emita el informe preceptivo.