FCC defiende la legalidad de sus reclamaciones a Acuamed

Madrid, 26 ene.- FCC ha rechazado las acusaciones vertidas sobre el caso Acuamed y ha asegurado que las reclamaciones realizadas por la empresa obedecen a deudas por trabajos efectivamente realizados.

Después de que el pasado 18 de enero saliera a la luz el supuesto fraude en la empresa pública Acuamed, FCC ha subrayado en un comunicado que el grupo ha solicitado el pago que le corresponde en el marco de la legislación aplicable.

Asimismo, añade que está prestando y prestará, «como hace siempre», toda su colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los hechos y añade que para ello aportará toda la documentación en su poder que acredita sus actuaciones.

FCC explica que las reclamaciones de FCC a Acuamed se refieren, principalmente, a dos contratos.

El primero, pendiente de la liquidación, abarca la descontaminación química del embalse de Flix (Tarragona), que data de 2008 y cuyos trabajos finalizaron en «su práctica totalidad» en 2015.

El segundo está relacionado con la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) en 2006. Tras terminarse las obras y comenzar la operación el 1 de agosto de 2012, una riada «excepcional» produjo «importantes daños materiales».

En este sentido, FCC señala que está pendiente la liquidación de la obra y la reconstrucción de la desaladora tras la riada. La compañía también destaca que no existe vinculación alguna entre esta obra y la del embalse de Flix.

Por último, anuncia que procederá ante las instancias que corresponden a la reclamación del cobro de estas deudas.

En el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el pasado lunes a trece personas presuntamente relacionadas con un fraude millonario en contratos de Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Entre ellos, se encontraba el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, así como el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini. Ambos evitaron su ingreso en prisión tras abonar la fianza correspondiente (de 50.000 euros para el directivo de FCC).

El proceso judicial trata de esclarecer si la empresa pública Acuamed acordó con FCC una «compensación indebida» de 40 millones de euros, pactada con «cargos de alto nivel del Ministerio» de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que el exsecretario de Estado de Medio Ambiente y hasta entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una «compensación indebida».

El pasado viernes, Ramos presentó su dimisión «para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad». EFE