Fernández Ordóñez, Restoy y Segura, imputados por la salida a Bolsa de Bankia

La Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite como investigados al ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ex número dos de la institución Fernando Restoy y al expresidente de la CNMV Julio Segura por la salida a Bolsa de Bankia.

Los imputados tendrán ahora que explicar por qué permitieron salir a Bolsa a Bankia pese a las advertencias e informes desfavorables sobre la operación, ya que podría producir un quebranto a los accionistas e inversores al ser una entidad financiera inviable.

La imputación se produce después de que el abogado de la acusación particular Andrés Herzog y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) interpusieran un nuevo recurso contra un auto del juez instructor que rechazó investigarles para pedir la imputación de la ex cúpula del Banco de España y de la CNMV. También están investigados en esta causa los responsables del Banco de España Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.

Ahora el auto de la Audiencia Nacional señala que tanto la CNMV como el Banco de España tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia desde su constitución, incluyendo así la salida a Bolsa, una operación que tuvo el visto bueno «pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)».
La Sala de la Audiencia Nacional también considera «razonable» y «razonada» su declaración puesto que existen «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados».
De este modo, la sala asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una «inestimable colaboración» a la ex cúpula de Bankia como «cooperadores necesarios» de las supuestas irregularidades e «incitar» a la entidad a efectuar lo que denominó una «huida hacia delante».
Además, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, el pasado noviembre, quien planteó que de cuestionar la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad «no sería exclusiva de los administradores o del auditor», sino que «podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño».
Sobre la calificación de las conductas, los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Ana María Rubio consideran que en la fase actual de la investigación, cuyas primeras pesquisas se remontan a 2012, todavía no pueden delimitarse los delitos atribuibles a cada uno de ellos.
La sala contradice así al instructor, que a finales del pasado año rechazó por tercera vez investigar a quienes fueran los máximos responsables de ambos organismos; en diciembre, la CIC recurrió dicha decisión al considerar «imprescindible» esta diligencia, y afeó al magistrado por su «inercia desestimatoria».
No obstante, los jueces se oponen a que el Banco de España aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección por tratarse de una prueba «manifiestamente excesiva» y, por ello, «innecesaria» al poder vulnerar la intimidad de personas ajenas a la investigación.