Ferrovial pagó comisiones a CDC, según el juez de la Audiencia de Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio el caso del Palau de la Música, tras concluir que varios documentos, archivos informáticos y notas manuscritas avalan que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública, a través de la entidad cultural. Todos esos elementos descubiertos durante la investigación del caso «permiten inferir, al menos de forma indiciaria, la existencia de un desvío de fondos muy considerable de Ferrovial al partido político recurrente«, añade el auto.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona desestima los recursos presentados contra el auto del juez instructor que en mayo del año pasado dejó a las puertas de juicio a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, entre otros, como la representación procesal de Edmundo Quintana, la representación procesal de Juan Elizaga, la representación procesal de Santiago Llopart y la representación procesal de Pedro Buenaventura. Entre las empresas investigadas están Belfort Baix s.l, New Letter Market Directo S.L, Letter Graphic, Mail Rent, Altraforma, Hispart, Publiciutat.

La resolución de los recursos interpuestos por las defensas permitirá que próximamente se fije la fecha para la celebración del juicio por el saqueo del Palau de la Música, paralelamente al desarrollo de la pieza de responsabilidad civil, en la que CDC figura como responsable civil a título lucrativo y, como fianza, tiene embargadas quince de sus sedes.

Precisamente, el auto de la Audiencia desestima los recursos que que presentaron CDC, contra su participación en la causa como responsable civil, y su extesorero Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel por su presunto papel clave en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación.

La defensa del partido alegó que su imputación como responsable civil se basaba en «meras conjeturas o sospechas«, pero la Audiencia considera, por el contrario, que las sospechas se apoyan en «en documentos, datos obrantes en archivos informáticos, anotaciones manuscritas (…)».

Todos esos elementos descubiertos durante la investigación del caso «permiten inferir, al menos de forma indiciaria, la existencia de un desvío de fondos muy considerable de Ferrovial al partido político recurrente«, añade el auto.

La Audiencia también confirma la cifra de 3,7 millones de euros en que se estima el desvío de fondos en beneficio de CDC, ya que en su opinión se basa en los «cálculos efectuados por los peritos», aunque la cantidad definitiva de la responsabilidad civil atribuible a la formación nacionalista todavía está pendiente de ser fijada por el juez instructor.

El tribunal rechaza asimismo el recurso presentado por Daniel Osàcar y le recuerda que los indicios en su contra se desprenden de «la abundante documental intervenida en todas sus variantes (agendas, archivos informáticos, hojas manuscritas), así como declaraciones testificales».

La sala apunta que de la instrucción se infiere que el «Daniel» que figura vinculado al pago de comisiones en varias notaciones de la documentación intervenida en el Palau de la Música es el extesorero de CDC, «tanto a la vista de la trama y el contexto así como de los supuestos intervinientes».

El auto de la Audiencia ratifica también las imputaciones de los directivos de la constructora Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, cuyas defensas argumentaban que la causa abierta contra ellos podría haber prescrito.

Según la sala, de los datos expuestos en el caso «no podemos declarar la prescripción interesada», por lo que emplaza a las defensas a plantear el asunto en la vista el juicio, en el trámite de cuestiones previas.