12,4 millones de españoles afectados y más presión en la sanidad pública, consecuencias de gravar fiscalmente los seguros de salud
Las aseguradoras advierten de que gravar los seguros de salud privados, como han acordado PSOE y Sumar, perjudicará a los 12,4 millones de españoles que lo tienen, pero también a toda la ciudadanía, porque elevará la presión sobre la sanidad pública.
A través de su patronal, Unespa, las compañías aseguradoras han expresado este martes su oposición a la propuesta de PSOE y Sumar de aplicar el Impuesto sobre las Primas de Seguro (IPS) a los seguros privados de salud, que supone un gravamen del 8 %.
Ambas formaciones políticas han suscrito un acuerdo de medidas fiscales que incluyen la citada iniciativa y que está previsto que se debatan el próximo jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.
Los partidos que forman el Gobierno argumentan en su acuerdo que la exención a las primas de seguros privados sanitarios tiene «un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta».
Sin embargo, Unespa defiende que los seguros privados de salud son contratados por personas «de todos los niveles de renta» y apunta que en países como Francia, Alemania y los Países Bajos no se aplica este impuesto por la «función social» que tienen esas pólizas.
Uno de cada cuatro ciudadanos tiene seguro de salud
Al cierre de 2023, el seguro privado de salud contaba con 12,4 millones de asegurados en España, lo que equivale a uno de cada cuatro ciudadanos, que, afirman las aseguradoras, «no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida, generando un ahorro de costes para el Sistema Público de Salud».
«Los seguros privados de salud cumplen una función social esencial en nuestro país», según Unespa, ya que «contribuyen a aliviar la presión asistencial del Servicio Público de Salud».
De hecho, calcula que la imposición del impuesto provocaría una caída en el número de personas que contratan este tipo de seguros y, por tanto, un incremento de la demanda asistencial del Servicio Público de Salud en todo el territorio nacional.
«La aprobación de dicha medida tendría, por tanto, efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles», sostiene Unespa, que reúne a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que agrupan cerca del 98 % del volumen de negocio asegurador en el mercado español.