El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, «en la primera quincena de abril», pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) para los funcionarios.
Todo eso ocurre en una administración donde solo funciona bien Hacienda a la hora de cobrar a los contribuyentes. En el resto de Ministerios u organismos es casi imposible conseguir una cita previa para resolver trámites administrativos, ya sea presencial o vía telefónica, o los expedientes se eternizan en las mesas de trabajo de los funcionarios o las empresas se ven abocados a un largo y tedioso proceso burocrático para intentar poner en marcha sus proyectos.
Pero claro da más votos y tiene más rédito político rebajar la jornada labora de los funcionarios a 35 horas que perseguir el absentismo laboral entre los empleados públicos -nunca se han publicado datos por ello- o la desgana o falta de motivación en su trabajo, un trabajo, por cierto, fijo de por vida y sin riesgo de despidos o ERE o ERTE de por medio, ya se incurra en algunos de los motivos que en la empresa privada sería despidos inmediato y declarado procedente.
López, presume de las 35 horas semanales para funcionarios, en una administración del Estado donde solo funciona bien Hacienda a la hora de cobrar a los contribuyentes
Durante su intervención en las jornadas de un diario afin al PSOE en Madrid, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF.
«Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril», ha dejado claro el ministro.
En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.
En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.