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94.000 millones de préstamos en riesgo de impago, muchos de ellos avalados por el ICO

94.000 millones de préstamos en riesgo de impago, muchos de ellos avalados por el ICO

Ese riesgo de impago, en el caso de materializarse, no sólo afectará a los bancos sino al propio Estado por el respaldo de cada operación, lo que provocará un aumento tanto de la deuda como del déficit público al asumir esas pérdidas, advierte el Banco de España
27 abril, 2022
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Actualizado: 27 abril, 2022 14:40
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El Banco de España pide a las entidades financieras que no liberen las provisiones dotadas a lo largo de la pandemia ante la incertidumbre sobre la evolución de la morosidad, pues advierte de que el sector tiene un volumen de préstamos de 94.000 millones de euros en riesgo de impago, un 14 % más.

A finales de 2021 las entidades españolas tenían ese montante en «vigilancia especial», esto quiere decir que muestran una mayor probabilidad de convertirse en morosos que el resto de créditos que están al corriente de pago.

De esos 94.000 millones, más de 61.000 millones eran préstamos a empresas, lo que supone un aumento del 25,7 % respecto a finales de 2020, y algo más de 31.400 millones correspondían a créditos concedidos a familias, en este caso un 1,7 % menos, según ha detallado este miércoles el director de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, Ángel Estrada.

Además, en los últimos meses los préstamos refinanciados crecieron, en muchos casos por los propios créditos avalados por el ICO, que pasaron a tener un periodo de carencia mayor y sigue estando la duda de cómo evolucionarán a medida que terminen, lo que sucederá en la mayoría de casos desde ahora y hasta septiembre.

Por el momento, de la financiación concedida por los bancos con avales del Estado durante la pandemia, hay ya 3.000 millones impagados, lo que supone una tasa de morosidad del 3,5 %, pero en vigilancia especial se encuentran unos 17.900 millones de préstamos con avales del ICO, más del 20,2 % del volumen concedido.

Ese riesgo de impago, en el caso de materializarse, no sólo afectará a los bancos sino al propio Estado por el respaldo de cada operación, lo que provocará un aumento tanto de la deuda como del déficit público al asumir esas pérdidas.

Ante esta realidad, desde el organismo supervisor se insiste en la importancia de que los bancos no liberen las provisiones dotadas durante la pandemia para hacer frente a ese previsible aumento de la morosidad.

«Hay que ser prudentes y desde luego no liberar provisiones», ha dicho el experto, que advierte de que la situación macrofinanciera ha seguido mejorado pero aún persisten riesgos sobre la evolución de la pandemia, la elevada y persistente inflación y ahora también el riesgo geopolítico por la invasión rusa de Ucrania.

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España publicado este miércoles también señala entre las vulnerabilidades para el sector financiero el elevado nivel de deuda pública, la debilidad de ciertos sectores de empresas y hogares y de la capacidad de intermediación financiera.

El mercado inmobiliario en España, a diferencia de otros países, todavía no da señales de preocupación aunque se observa un cierto sobrecalentamiento en los precios que podría tener su origen en los bajos tipos de interés de los últimos años y, ha explicado, quizá más recientemente, en el incremento de los materiales de construcción.

TEST DE ESTRÉS

El Banco de España, en este informe, ha decidido medir la capacidad de resistencia del sistema financiero a dos escenarios -adverso y severo- en el que aumentarán aun más los precios de las materias primas energéticas y los cuellos de botella, lo que tendría efectos sobre la inflación y el crecimiento de la economía.

La conclusión es que el sector bancario, de forma agregada, resistiría a estos improbables escenarios aunque el impacto sobre la ratio de capital CET1 sería de 1,8 y 3 puntos porcentuales en el adverso y el severo, respectivamente.

Sin embargo, señala el Banco de España, existe heterogeneidad entre las entidades por la composición de sus carteras de crédito al sector privado y soberano, la presencia internacional o la cobertura de los programas ICO. 

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