Corría el año 2022 cuando la entonces vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, reiteraba ante los ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE, reunidos en Amiens (Francia), el rechazo de España a la propuesta de la Comisión para incorporar el gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la Taxonomía Europea. Era una declaración más de guerra a esta energía desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018.
El Gobierno, pese al radical cambio del escenario geopolítico mundial donde muchos países han recuperado este tipos de energía para reducir su dependencia del exterior y las emisiones de CO2 y asegurar un suministro eléctrico asequible para la población, sigue erre que erre con su política energética donde desprecia a la nuclear, pero debido al impacto económico y en el empleo en los territorios donde se van a cerrar centrales, intenta evadir la polémica culpando de su clausura a las empresas.
‘Complot’ contra la energía nuclear
Así la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, insiste en que el Gobierno no tiene «ningún complot» en contra de la energía nuclear, sino que su prioridad es tener precios estables y asequibles y energías limpias y seguras, así como desarrollar todas estas políticas «por el interés general».
Aagesen hizo esta afirmación en su respuesta a una interpelación del Grupo Mixto sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para mantener la energía nuclear como la alternativa «más barata y eficiente de abastecimiento energético de los españoles».
La sucesora de Teresa Ribera insiste en un relato que viene repitiendo en las últimas semanas. El Gobierno no abre ni cierra centrales nucleares, ni fotovoltaicas ni eólicas, sino que «son las empresas de este país las que deciden construirlas, operarlas, mantenerlas o no mantenerlas» igual que ocurrió con Garoña, ha añadido. Sin embargo, la política en materia energética si influye y mucho. Si se penaliza fiscalmente a una energía como la nuclear y se beneficia a otra como las renovables, está claro que los inversores van optar por estas últimas influenciados por una decisión política del Ejecutivo.
El Gobierno, dice Aagesen, no cierra centrales nucleares, esa es decisión de las empresas, pero lo que si hace el Ejecutivo es penalizarlas fiscalmente para que este tipo de energía deje de ser rentable
Y, hasta la fecha, las energéticas «no nos han mostrado ningún interés, ni el más mínimo interés por ampliar la vida útil de estas centrales nucleares». Ese escaso interés se debe al poco margen que deja la energía nuclear por los altos impuestos que soporta. Según el Foro Nuclear, la patronal del sector, «la carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado desde 2020 un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica».
También ha recordado Aagesen que el Gobierno está inmerso en la actualización del Plan General de residuos radiactivos y ha insistido en que la prioridad es «acompañar» en esa transición justa, teniendo en cuenta a los territorios afectados y a los trabajadores.
«Las empresas energéticas de este país tienen una estrategia clara y apuestan por la sostenibilidad y por las energías renovables», como el hidrógeno renovable, el biogás o el biometano» porque ven «un beneficio económico», ha dicho Aagesen. No hay que olvida, que a diferencia de la energía nuclear, el Gobierno no solo beneficia fiscalmente a estas caras energías, sino que las subvenciona con dinero público.
Por su parte, el senador del Grupo Mixto Guillermo Gordillo, en representación de Extremadura, que ha sido el encargado de presentar la interpelación, ha dicho que el cierre de las nucleares es «un auténtico despropósito».
Como ejemplo citó el primer cierre previsto, el de la central cacereña de Almaraz, que reducirá en un 36 % la población activa en la comarca y afectará a unas 2.000 familias.
Los 7 reactores activos en España son esenciales para el suministro de energía y su ubicación en áreas rurales contribuye a la fijación de la población, añadió.
