El juez del conocido como caso Leire ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno y que recibieron pagos procedentes del PSOE. Otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, autorizó a la UDEF reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar el pasado 29 de julio.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una «pieza separada económica» ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su «pública difusión».
A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que «informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases» sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, en este caso remontándose a 2022, y de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.
Seis cuentas del PSOE bajo sospecha
En concreto, el juez libra mandamiento al Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Banca March, Abanca, Unicaja Banco, Arquia Bank, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, CBNK Banco de Colectivos y Deutsche Bank.
Además de las citadas seis cuentas del PSOE, la orden afecta también a once vinculadas a Zarrías o a su sociedad Zaño Consultores; sesenta y dos de Ismael Oliver o empresas relacionadas con él; una de Jacobo Teijelo y una de Grupo Crónica Libre.
De esta forma, Pedraz profundiza en la investigación sobre los pagos que el PSOE hizo a algunos de los investigados por presuntamente boicotear causas judiciales, al apuntar la investigación que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán puso los recursos de la formación política al servicio de la trama investigada.
Arrojar luz sobre los pagos del PSOE
«No se puede descartar que los cruces entre las distintas cuentas puedan arrojar luz sobre aquellos pagos que se sospechan efectuados, pero no se han podido acreditar», señala el auto de Pedraz.
Los investigadores de la Guardia Civil cifraron en 43.225 euros la cantidad que Leire Díez habría cobrado del PSOE a través de dos intermediarios: la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías y la mercantil Oliver Gruppe S.L., vinculada a Ismael Oliver.
La UCO apuntó además a que Leire Díez «habría promovido el pago con cargo a los fondos» del PSOE de los honorarios de los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, en el segundo caso el abogado habría sido empleado también como «instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero».
La UCO cifró en 125.000 euros los pagos a Teijelo por parte del PSOE y de 22.500 euros a Oliver, en este caso con destino a Díez.
El juez ha pedido a la UCO que proceda al expurgo de la documentación que resulte inútil para la istrucción, como le pidió la Fiscalía, de la que también partió la propuesta de abrir una pieza separada de carácter económico.
El origen de los fondos investigados apunta al partido socialista
Además ha rechazado otras peticiones, como analizar expedientes de préstamos o pedir información a las entidades bancarias acerca de movimientos sospechosos de blanqueo.
Para adoptar estas decisiones, el juez ha contado con el visto bueno de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, quienes en su informe hacen un repaso de los hallazgos de la UCO, que ayudan a «colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez».
En su prolijo informe, la Fiscalía hace un repaso de una investigación centrada en una presunta trama que habría comenzado a operar desde 2021 y que «habría ampliado su radio de ilícita actuación, estructurada y prolongada en el tiempo, más allá de la contratación pública» hacia la presunta comisión de delitos «para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos».
