Albella intenta minimizar ante el juez Calama su papel de asesor en la ampliación de capital del Popular de 2016

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que su papel como socio del bufete que asesoró al banco en la ampliación de capital de 2016 fue secundario, y ha señalado al socio Jorge Alegre.

La comparecencia de Albella como testigo en la causa que investiga la resolución del Banco Popular, que se ha prolongado desde las 09.00 a las 13.30 horas, estaba inicialmente prevista en el mes de marzo, pero se aplazó a este jueves por la crisis del coronavirus.

Aunque en el momento de la resolución del banco y la posterior amortización de sus acciones a cero, en junio de 2017, Albella acababa de aterrizar al frente de la CNMV, previamente era socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró al banco en la ampliación de capital de 2016, operación ahora objeto de la causa.

Ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, Albella ha insistido en que una operación como la ampliación de capital de 2016 no implica responsabilidad alguna para los consejeros de la entidad, como ya explicó en el consejo de administración del banco de mayo de 2016 que debía dar el visto bueno a la operación.

Albella y el también socio del bufete Jorge Alegre, que acudieron a dicho consejo, hicieron mención entonces a la ley de sociedades de capital y de lo que se conoce como «business judgement rule», que supone que si los consejeros toman decisiones estratégicas o de negocio de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado para adoptar la decisión y sin estar afectados por intereses personales, se considera que actúan con la diligencia exigible.

Argumento que ha reiterado hoy Albella ante el juez, al que ha asegurado que quien manejaba toda la documentación sobre el Popular era Jorge Alegre.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

El próximo testigo citado por el juez es el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuya declaración se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia.