Anticorrupción no tiene dudas: FG ordenó la contratación al BBVA de Villarejo a sabiendas que era policía en activo

La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que el expresidente del BBVA Francisco González ordenó directamente la contratación de los servicios del excomisario José Villarejo durante años y el pago de los mismos «a sabiendas de su ilicitud».

Los fiscales sostienen que González encargó directamente al excomisario y entonces jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, también imputado en la causa, la contratación de Villarejo y su grupo Cenyt «a sabiendas» de que era policía en activo y que sus servicios «incluían el acceso a información reservada que sólo podían obtener prevaliéndose de dicha condición».

Por ello, en noviembre del pasado año pidieron la citación como investigado de Francisco González, a lo que accedió el juez, que lo llamó a declarar el día 18 de ese mismo mes. El expresidente del banco dijo al juez no tener «ni idea» de esos contratos y responsabilizó a Corrochano y a Ángel Cano, también imputado y quien llegó a ser consejero delegado entre 2012 y 2015.

Declaró González que a él no le llegaban asuntos «menores» como ese, sino aquellos «de 50 millones para arriba» o cuestiones estratégicas o de representación.

Anticorrupción, en ese informe que obra en el sumario y al que ha tenido acceso Efe, cifraba en 10,2 millones de euros el dinero pagado entre 2004 y 2017 por el BBVA al grupo Cenyt por encargos que implicaban una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» mediante acceso a su tráfico de llamadas, seguimientos personales o acceso a documentación bancaria.

La cifra la aportó el propio banco a la CNMV en enero de 2019 y el argumento sobre la invasión de los derechos fundamentales lo asumió el juez en el auto en el que acordó levantar el secreto del sumario.

Fueron varios los directivos del BBVA que habrían participado en esa «ilícita contratación» e incurrido en posibles delitos de cohecho activo y de descubrimiento y revelación de secretos, entre ellos Corrochano y Ángel Cano, entonces director de Recursos Humanos.

Cano sería, al menos entre 2004 y 2005, responsable del pago de los servicios y encargado de verificar que se prestaban.

Y Corrochano fue el firmante de la mayor parte de los contratos, el primero de ellos en 2004 para investigar a Sacyr, el denominado proyecto Trampa por el que pagaron a Cenyt 592.000 euros, a los que podrían sumarse otros 483.000 entre 2005 y 2007 por contratos que aún no están esclarecidos.

En ese proyecto, enmarcado en el intento de toma de control del banco por parte de la constructora, se investigó y se llegó al «hostigamiento sostenido» de varias personas, como el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas; o el entonces jefe de la oficina económica de Moncloa, Miguel Sebastián.

Y los fiscales sostienen que, en contra de su declaración, fue el propio Francisco González quien encargó a Corrochano que contratara a Villarejo por los «vínculos personales» que tenían.

En 2008, el BBVA contrató a la agencia Kroll para investigar el patrimonio de los constructores Luis Portillo y Francisco Martín por indicación del entonces consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri, según la declaración de Antonio Béjar, el primer exdirectivo del banco investigado que decidió colaborar con el juez.

Pero, ante los escasos resultados obtenidos, Francisco González le ordenó «trabajar con la empresa que iba a contratar Julio Corrochano», lo que se tradujo en «todos los contratos que se firmaron con Cenyt entre los años 2010 y 2014».

Proyectos denominados Fish, Summer, Gate o King-Prasa. Béjar aseguró en sede judicial que daba cuenta de sus reuniones al propio Francisco González y a sus superiores jerárquicos que despachaban con el presidente «para el cumplimiento de las órdenes de contratar a Cenyt y supervisar los servicios durante esos años».

Los fiscales añaden que las declaraciones de Béjar no solo están corroboradas por la documentación que obra en la causa, sino también por las respuestas de Corrochano al BBVA en su investigación interna.

Ahí dijo que para contratar a Cenyt «recibió instrucciones del presidente» y el mandato de que solo podía reportar con él, con Ángel Cano y con quien era director de Comunicación en ese momento, Javier Ayuso.

Los fiscales también sitúan a González entre los supervisores del proyecto PIN, el encargo a Villarejo de espiar al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y a su familia como «defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial desarrollada por aquellos».

No existe un contrato específico para ese proyecto y Anticorrupción lo achaca al «carácter eminentemente ilícito y especialmente confidencial» del mismo que podría enmascararse bajo distintas facturas, de las que el BBVA solo reconoce una de 211.750 euros como atribuible a PIN.

Corrochano encargó el proyecto en septiembre de 2012 y hay constancia de que Villarejo accedió al tráfico de comunicaciones de números de Ausbanc y que planteó «controlar todos los movimientos» de Pineda para adelantarse a sus movimientos y conocer sus «debilidades/irregularidades».

Un informe previo elaborado por Cenyt y aportado a la causa incluía provisión de fondos de 150.000 euros y una nota en la que se aconsejaba «el máximo de opacidad en el procedimiento de pago».