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Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia. / EFE

BFA pide su absolución, ya que ninguno de los 34 acusados por Bankia ‘cometieron delito’

El abogado defensor de la matriz de Bankia, BFA, ha solicitado este martes ante la Audiencia Nacional la absolución como posible responsable de las supuestas irregularidades que acompañaron a la salida a Bolsa de la entidad, al entender que ninguno de los 34 acusados «ha cometido un delito» por el que el grupo deba responder como persona jurídica.

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El letrado Alberto Gómez Fraga ha criticado durante la exposición de su informe final a la acusación particular que representa la asociación de consumidores Adicae por desatender el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y continuar cargando contra BFA, y ha lamentado «la ausencia de un verdadero relato de hechos» a lo largo de los más de diez meses de vista oral.

«Hemos acudido a un juicio de acusaciones mutantes, como si fuera una película de los hermanos Marx: éstos son los delitos de los que les acuso, y si no les gusta tengo otros», ha reprochado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, que tiene previsto dejar este martes la causa vista para sentencia.

Asimismo, ha rechazado que la treintena de personas que se sientan en el banquillo desde el pasado 26 de noviembre falsearan las cuentas del banco, ya que «el que actúa con transparencia no puede incurrir en actos falsarios, que se cometen siempre a escondidas, con contratos en cajones».

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La defensa de BFA se ha apoyado en el papel del Banco de España como organismo regulador, que «en muchos casos opinó a favor» de las decisiones adoptadas por el grupo, incluida la integración de las siete cajas.

«El plan se aprobó. ¿Con un cinco? Pues vale, pero con un cinco también se pasa de curso», ha puntualizado Gómez Fraga, quien ha señalado a la Fiscalía por ampliar su acusación el pasado julio y dirigirse, no sólo contra los cuatro antiguos administradores, sino también contra otra decena de exconsejeros con presencia en los comités de auditoría, el interventor y el socio auditor.

Una medida por la que, ha dicho, apostó la fiscal Carmen Launa a pesar de que «no le ha ido bien la prueba» ni ha aportado «confesiones» a la sala, que «ha presenciado un debate contable cuando esto no es un examen de contabilidad y sus señorías no están para poner notas». 

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