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BNP ParibasBNP Paribas,

BNP Paribas, denunciado por complicidad de crímenes contra la humanidad

El banco francés BNP Paribas fue denunciado este jueves por complicidad de crímenes contra la humanidad, genocidio y blanqueo cometidos en Sudán y más concretamente en la región de Darfur.

La denuncia fue presentada en París por nueve víctimas sudanesas apoyadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Project Expedite Justice.

BNP Paribas «estuvo considerada al menos entre 2002 y 2008 como el banco central de facto del Estado sudanés», dijo la FIDH en un comunicado.

Michel Tubiana, abogado y presidente de honor de la organización, pidió a las autoridades judiciales francesas la apertura de una investigación «cuanto antes para determinar si puede ser considerado penalmente responsable por haber tratado con las autoridades sudanesas».

No es la primera vez que BNP Paribas se enfrenta a la Justicia por sus relaciones con ese país africano.

En 2014, pactó el pago de una sanción de 8.830 millones de dólares a Estados Unidos, una de las más elevadas de la última década, al declararse culpable de dos acusaciones por mover ilegalmente miles de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.

Las autoridades federales consideraron que el banco ocultó transacciones por valor de unos 30.000 millones de dólares que violaban las sanciones económicas de Washington, la mayoría de ellas contra Sudán, y por operaciones relacionadas con el petróleo.

«Detrás de los crímenes y masacres más graves siempre hay dinero», apuntó otro de los presidentes de honor de la FIDH, Patrick Baudouin.

El letrado añadió que «al posibilitar que el régimen sudanés accediera a los mercados financieros internacionales, BNP le permitió funcionar y pagar a sus funcionarios y militares, pese a que el régimen estaba vetado por la comunidad internacional por haber planeado y perpetrado crímenes en Darfur», donde se calcula que murieron 300.000 personas.

BNP Paribas también está investigado en Francia por otro caso para determinar si financió la compra ilegal de armas en Ruanda durante el genocidio de los tutsis que vivió ese país africano en 1994. 

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