Bruselas advierte que ligar las pensiones al IPC aumentará el gasto y la desigualdad

La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles de que vincular la subida de pensiones al índice de precios de consumo (IPC) incrementará el gasto en estas prestaciones y aumentará la desigualdad entre generaciones a medio y largo plazo.

En su informe anual sobre la situación económica de España, de 116 páginas, el Ejecutivo comunitario señala que esta medida, adoptada por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, podría aumentar los riesgos para la sostenibilidad fiscal, en un contexto en el que la deuda, el déficit público y el paro siguen siendo altos.

Bruselas explica que, pese a que ha ido descendiendo, la deuda sigue siendo muy alta (cerró 2019 en el 96 %) y que el déficit público también permanece «tozudamente alto» puesto que el nivel de impuestos «es bajo con relación al gasto».

En este sentido, considera que los riesgos para la sostenibilidad del sistema son «importantes a medio y largo plazo».

«En particular, los planes del Gobierno de ligar permanentemente las pensiones al IPC y disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida aumentaría de forma importante, en ausencia de medidas compensatorias adecuadas, el gasto en pensiones y empeoraría la igualdad entre generaciones», dice el informe.

«Esto ocurre en un contexto en el que la adecuación futura de las pensiones se situará de media por encima de la de la Unión Europea y en el que la pobreza afecta sobre todo a los grupos de edad más jóvenes, incluyendo a los niños», añade.

Bruselas cree que si se revierte la reforma de 2013 para eliminar el factor de sostenibilidad y volver a vincular las pagas al IPC «se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones».

La Comisión calcula, en concreto, que estos cambios incrementarían en un 0,7 % del PIB el gasto en pensiones a medio y largo plazo.

En materia laboral, la Comisión pide evaluar «cuidadosamente» los efectos de posibles cambios en la reforma laboral de 2013, que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, y a la que Bruselas atribuye haber «sustentado la fuerte creación de empleo» durante la recuperación.

«Será importante que cualquier nueva medida solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se preserven los logros de las reformas pasadas», dice el informe.

Sobre el aumento del salario mínimo, de un 22,3 % en 2019, la Comisión afirma que «ha aumentado los costes laborales» y que, si bien aún no se ha cuantificado su efecto sobre el empleo y las tasas de pobreza, se han anunciado nuevos aumentos hasta 2023.

Bruselas vuelve a destacar, además, que España es el país con un mayor número de contratos de trabajo temporal, un 26 % del total, y que el riesgo de pobreza y exclusión social «sigue siendo alto, en particular entre los niños».