Bruselas fija en 6.300 millones el coste del tope de gas para España con recargo a los más vulnerables

La Comisión Europea (CE) aprobó definitivamente hoy la llamada «excepción ibérica», que permitirá a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad durante un periodo de doce meses para abaratar la factura de hogares y empresas. Bruselas estima un coste para España de 6.300 millones de euros, que se pagará en parte con un recargo a todos los consumidores de la tarifa regulada, la que tienen la mayoría de los hogares vulnerables y a los que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no dudó en llamarlos ‘tontos’.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario estima que la medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrá un coste total de 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones, a Portugal.

De esta forma, Bruselas da su visto bueno al mecanismo diez semanas y media después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, consiguieran en una cumbre que el resto de líderes reconocieran las particularidades de la península ibérica para hacer frente a la escalada de precios energéticos.

El mecanismo fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo, pero todavía no se ha aplicado a la espera de recibir luz verde por parte de los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario.

A través del mismo, explica Bruselas, se concederá una «ayuda directa» a los productores de electricidad con el objetivo de financiar «parte» del coste incurrido al adquirir el combustible y el pago diario será calculado como la diferencia entre el precio de mercado del gas natural y el límite establecido en cada momento.

Recargo a los consumidores de tarifa regulada

Estas ayudas serán financiadas por dos vías: por un lado, un recargo que se impondrá a los consumidores que se beneficien de la medida (en un principio todos aquellos que tienen contratada una tarifa regulada) y, por otro, a través de las llamadas «retas de congestión» que se generan por el comercio transfronterizo de electricidad entre España y Francia.

Durante los primeros seis meses, el límite al precio del gas en el mercado mayorista (‘pool’) se fijará en 40 megavarios hora (MWh) y después subirá cinco euros cada mes, de forma que en el último de aplicación se situará en 70 euros MWh. La media de todo el periodo será, por tanto, de 48,4 euros MWh.

El presidente del Gobierno aseguró precisamente este miércoles en el Congreso de los Diputados que supondrá una rebaja de entre el 15 % y el 20 % en el coste de la electricidad para familias y empresas, y reivindicó que España «puede estar orgullosa de su papel en la resolución de este asunto».

El análisis de la Comisión Europea concluye que se trata de una medida «adecuada, necesaria y proporcionada», en particular para «reducir los precios mayoristas de la electricidad» sin crear perturbaciones en las condiciones comerciales hasta un punto que sean «contrarias al interés común».

También valoró que «no va más allá de lo necesario» para atajar los «excepcionalmente altos» precios de la electricidad en la península ibérica, así como que tiene una «naturaleza estrictamente temporal» al limitarse a un periodo de 12 meses que finaliza el 31 de mayo de 2023.

De la misma forma, subrayó que es «diferente a otras intervenciones» en los precios debido a las «circunstancias particulares» de la península ibérica, entre las que destacó la «limitada capacidad de interconexión» eléctrica con el resto del continente, la «elevada» exposición de los consumidores al mercado mayorista o la «elevada influencia» del gas en la fijación de precios, que «ha derivado en una distorsión particularmente grave de las economías española y portuguesa».