La agencia de calificación Moody’s ha revisado este martes las notas de siete grupos bancarios españoles para reflejar el impacto de la nueva directiva europea de gestión de crisis (CMDI), de tal manera que ha mejorado notas de calificación del Sabadell y CaixaBank y ha empeorado de Kutxabank.
Esta directiva europea introduce la preferencia total de los titulares de los depósitos sobre la deuda sénior en caso de resolución bancaria.
El Banco Sabadell destaca como el principal beneficiado en términos de calificación, pasando de A3 a A2 la nota de sus depósitos, debido al mayor colchón de protección que ofrecen el resto de pasivos del banco a sus depositantes.
Kutxabank ha sufrido la única rebaja de Moody’s
Por el contrario, Kutxabank ha sufrido la única rebaja del conjunto de los bancos por parte de Moddy’s, con un recorte en su deuda sénior (de A2 a A3), la cual, según comunica el banco, responde exclusivamente a criterios técnicos de la nueva ley europea.
Pese a ello, la entidad vasca ha subrayado que Moody’s mantiene intacta la valoración de su solvencia y solidez, destacando su ‘baja morosidad’ y su «fuerte generación de resultados», aunque la calificación final sigue vinculada al techo que marca la nota soberana española.
En el caso de CaixaBank, Moody’s ha mejorado la valoración de fortaleza intrínseca de la entidad de BAA1 a A3 gracias a una rentabilidad «materialmente mejorada» desde 2022 y a una tasa de morosidad que la agencia prevé se sitúe de forma consistente por debajo del 2 %.
Santander y su filial Santander Consumer Finance mantienen sus notas con perspectiva estable
Santander y su filial Santander Consumer Finance mantienen sus notas con perspectiva estable, en un equilibrio entre la presión bajista que ejerce la nueva normativa sobre la deuda sénior y la tendencia positiva de sus fundamentales, mientras Moody’s evalúa si la estructura de pasivos del grupo resulta suficiente para absorber el cambio regulatorio.
En el caso de Abanca e Ibercaja, ambas reciben perspectiva positiva en sus depósitos a largo plazo, en reconocimiento a la mejora de su calidad de activos y su generación de capital, por lo que previsiblemente mantendrán sin cambios las calificaciones en los próximos 12 a 18 meses.
El nuevo marco legal establece una «preferencia total» para los depositantes, asegurando que, en caso de resolución, los ahorradores sean los últimos en asumir pérdidas, desplazando ese riesgo hacia los inversores institucionales.
La medida legislativa modifica la jerarquía de acreedores en la Unión Europea y obliga a los países miembros a transponerla a sus legislaciones nacionales en un plazo de dos años.
