España ha llegado a tal nivel de corrupción y menosprecio político que da igual que el poder Ejecutivo imponga su minoría sobe el poder Legislativo. Ahora, tras convocar elecciones generales, Sánchez prevé volver a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes los decretos leyes sobre vivienda que rechazó la pasada semana el pleno del Congreso y que tanto le demanda la extrema izquierda. El caos en el mercado inmobiliario, ya inmerso en una severa crisis, se disparará y con ese gesto de cara a la galería se producirán un fuerte parón o retroceso en el compraventa o alquiler de inmuebles saliendo perjudicados millones de ciudadanos que necesitan una vivienda donde vivir.
Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, fuentes del Gobierno han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario al sumarse Junts al rechazo de PP y Vox.
Tras aprobarse los decretos de nuevo, una vez rechazados en el Congreso, entrarán en vigor al menos durante un mes hasta que decida la Diputación Permanente
Si se aprueban esos decretos, tendrán que convalidarse en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.
Este órgano cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando la cámara haya sido disuelta o haya expirado su mandato, como ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno.
A diferencia de lo sucedido en el pleno del Congreso, el Gobierno tendría en la Diputación Permanente mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería necesario.
La componen 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los que forman parte de la Diputación Permanente con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).
Con ese reparto, si se mantuviera el sentido de voto de los grupos, podría salir adelante el decreto que contenía el grueso de las medidas en materia de vivienda.
Los votos de las formaciones que lo apoyaron entonces (todas excepto PP, Vox y Junts) suman 35, por 34 de los que expresaron su rechazo.
Si se repitiera el texto del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, éste no saldría adelante porque el PNV votó en contra del mismo.
