Caso Banco Popular: el juez Calama pregunta a las partes sobre la responsabilidad civil del Santander

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular se ha dirigido a las partes para que se pronuncien sobre la responsabilidad civil del Santander, que se hizo con la extinta entidad al precio simbólico de un euro.

En una providencia fechada este lunes, el juez José Luis Calama responde así a la solicitud hecha el pasado viernes por el Santander para que se excluyera su participación como posible responsable civil en este procedimiento.

Para ello, el titular del juzgado central de instrucción nº 4 ha fijado un plazo de siete días para que las partes que lo deseen presenten las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido dicho plazo, el juez solicitará también informe al fiscal antes de resolver sobre dicha cuestión.

El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordó que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no pueden reclamar compensación al Banco Santander basándose en que recibieron información defectuosa al adquirir esos títulos antes de la disolución.

Tras este fallo, el Santander decidió pedir su exclusión como responsable civil por la resolución del Popular.

La resolución de la entidad, ordenada en 2017 por las autoridades europeas por los problemas que arrastraba la entidad, se saldó con la amortización a cero de todas sus acciones y su venta al Santander por un simbólico euro, provocando una avalancha de demandas judiciales por parte de quienes perdieron su inversión.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El juez abrió entonces dos piezas separadas. La primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.