Caso Banco Popular: la AEMEC pide diligencias sobre Saracho por su gestión ‘maliciosa’

La Asociación Española de Entidades Cotizadas (Aemec) ha solicitado a la Audiencia Nacional una batería de diligencias relacionadas con el proceso de elección y la posterior llegada a la presidencia del Banco Popular de Emilio Saracho, al que señalan por su supuesta gestión «maliciosa» y «desleal».

Aemec, acusación particular que representa a unos 7.000 antiguos accionistas del banco, pide que se aporte la carta de un exdirectivo al consejo de administración del Popular, en la que se denunciaban filtraciones en pleno relevo, así como los términos económicos de la salida de Saracho de su anterior entidad, JP Morgan.

En el escrito, de 37 páginas y al que ha tenido acceso Efe, la asociación expone al juez José Luis Calama que la investigación ha mostrado la existencia de «evidencias más que acreditadas de una maliciosa gestión» llevada a cabo por el banquero, «que determinó la resolución» del Popular, el 7 de junio de 2017.

En concreto, se remiten a la declaración como investigado de Saracho, de la cual «se aprecia la precipitación e irregularidad en su nombramiento» como presidente en sucesión de Ángel Ron, y las «incomprensibles actuaciones que realizó u omitió desde su llegada».

Respecto a este último punto, la acusación cita «la orientación del banco por su presidente a la venta o ampliación de capital como única solución -desechando un plan de negocio en marcha y sin aportar ninguno alternativo que se haya conocido-» y la «exagerada filtración de noticias que salieron del Consejo», entre otras.

Mención especial dedica al Proyecto Sunrise, el «banco malo» ideado por Ron en 2016 como parte del plan de saneamiento de la entidad, el cual -sostiene el escrito- «fue deliberadamente postergado, puesto que su ejecución -a falta de otro plan- era la única forma de gestionar adecuadamente el patrimonio inmobiliario improductivo (…) y contrario a su voluntad de transmitir el banco a corto plazo a un tercero a bajo precio».

«La gestión de Saracho deliberadamente se situó fuera de lo que debía hacer un presidente de un banco que actúe de manera leal; lejos de dar valor al accionista, se dedicó a tratar de restar valor con una finalidad dudosa», prosigue.

Aemec apela al informe de los peritos e insiste en que el Popular «era solvente y viable» en el momento de su resolución, y que el banquero «presuntamente optó por no gestionar y bajar el valor de la acción para hipotéticamente facilitar una operación corporativa a bajo precio».

Además, «presumiblemente trataba de amedrentar a las autoridades para que facilitasen su plan, para que viesen con buenos ojos una operación de venta a la desesperada o la resolución».

Con el objetivo de tratar de esclarecer estos hechos, la asociación pide al titular del juzgado central de Instrucción número 4 que lleve a cabo varias diligencias y requiera al Banco Santander -como heredero- la carta que el que fuera director de comunicación del Popular, Carlos Balado, envió al secretario del Consejo, Francisco Aparicio, en noviembre de 2016.

Aquella misiva, remitida cuando ya se gestaba el relevo en la presidencia, denunciaría «filtraciones, a los medios, de secretos del Consejo, y la incidencia que tienen o pueden tener en la acción y en la reputación del banco».

Asimismo, ruega al manifestado que se dirija a JP Morgan «para que informe y acredite cómo y en qué términos económicos se produjo la salida de Saracho de aquella entidad, y los contratos que ha firmado con el Popular» durante los 108 días de presidencia del banquero.

Para Aemec, también es importante que la empresa de cazatalentos Spencer Stuart, a la que la expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Popular Reyes Calderón encargó con «altísima urgencia» un candidato «humilde» y con carrera «inmaculada» para suceder a Ron, informe sobre los detalles de la contratación de este servicio.

La pieza del caso Popular en la que Aemec figura como acusación investiga el breve mandato de Saracho, causa que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Al margen de ésta, otra línea de investigación afecta a Ron y su equipo, por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros en 2016.