Caso Banco Popular: las provisiones pasan a ser la clave
Ignacio Pardo Cuerdo, adscrito al Banco Central Europeo e inspector del Banco de España y la presidenta de la Comisión, Ana Oramás, en julio de 2018, cuando el Congreso inicio una investigación que no aclaró nada ni a accionistas ni bonistas, los verdaderos perjudicados en este caso.

Caso Banco Popular: las provisiones pasan a ser la clave

15 diciembre, 2021
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Actualizado: 16 diciembre, 2021 0:27
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El déficit de provisiones del Banco Popular se ha convertido en un detalle clave de la investigación sobre las dos últimas gestiones de la entidad a raíz del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, que advierten de «irregularidades contables» en la relación con la sociedad Thesan Capital.

Pero también de la testifical del que fuera coordinador del equipo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Ignacio Pardo, que en su declaración, que continuará este jueves, admitió que en un documento de mediados de 2016 se avisó de un déficit de cobertura de 1.824 millones de euros.

Esto significaba, explicó Pardo ante la Audiencia Nacional, que el banco debía cambiar el control para asegurarse de que se aplicaba correctamente su metodología y, de esa manera, reflejar la cobertura como provisiones, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

A consecuencia de aquel informe, Pardo intervino ante el Consejo de Administración de la entidad el 23 de noviembre de 2016, siete meses antes de su resolución.

En el principal órgano del Popular, dijo, no mostraron asombro por lo que venía pasando, pero sí que estaban sorprendidos de las diferencias en la inspección, ya que el banco había solicitado la revisión de las metodologías contables a firmas como Deloitte, KPMG o EY, y no habían detectado inconsistencias.

NIVEL «ELEVADÍSIMO» DE ACTIVOS PROBLEMÁTICOS

Pardo, que antes había formado parte del equipo de seguimiento del Banco de España entre 2008 y 2011, compareció por estos mismos hechos en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, donde reconoció que el Popular tenía problemas estructurales desde hacía muchos años.

Esta semana el inspector no ha sabido contestar a la pregunta de una de las acusaciones particulares de por qué dichos problemas se repetían «año tras año».

No obstante, matizó que, en 2015, la principal prioridad del equipo del BCE era que existía una diferencia de provisiones respecto a la media, un nivel de activos problemáticos «elevadísimos» y rentabilidad baja, que ponía en peligro la solvencia de la entidad.

En este sentido, habló de la reunión del Consejo de Administración del 28 de octubre de 2015, a la que fue invitado y en la que expuso los indicios del BCE para estimar que existía un déficit de provisiones.

A tenor de las mismas fuentes, Pardo aclaró que había insistido en que el Popular diera argumentos sólidos a esta diferencia.

El propio banco tenía que ser consciente de la preocupación del supervisor porque el BCE tenía la impresión de que su inquietud no había calado a los consejeros de la entidad en los encuentros previos, añadió.

LA RELACIÓN CON THESAN

Durante el interrogatorio de este martes se trató, asimismo, la relación entre el Popular y Thesan, que, según las acusaciones, pudo esconder un entramado de financiación irregular en Luxemburgo.

Precisamente ese mismo día se habían conocido las conclusiones de los expertos cedidos por el Banco de España, que determinaron que el banco contabilizó desde 2012 de forma indebida las operaciones participadas por Thesan, por las que tendría que haber dotado 521 millones de euros más en provisiones.

Un criterio compartido por Pardo, como se lo hizo saber al juez José Luis Calama, y que coincide «parcialmente» con el informe de inspección del BCE, que, a diferencia de los peritos judiciales, no estudiaron las fechas de algunas operaciones.

La testifical, que ya dura cerca de cinco horas, continuará mañana con las preguntas de las defensas; para esta misma jornada está prevista la declaración de su compañero Carlo Giorgis.

Ambos fueron citados por Calama con el objetivo de que aportaran «datos esenciales» para la investigación «habita cuenta el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Popular, su modelo de negocio y gobernanza».

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos líneas de investigación, la primera, precisamente por la ampliación de capital en la etapa de Ron, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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