Caso Banco Popular: los peritos del BdE insisten en que se contabilizó mal Thesan

Los peritos del Banco de España (BdE) Pablo Hernández y Santigo Ruiz-Clavijo han ratificado este miércoles en la Audiencia Nacional su informe sobre operaciones del Banco Popular a través de la sociedad luxemburguesa Thesan, y han reiterado que se contabilizaron de forma inadecuada.

En su informe, los técnicos aseguraban que la extinta entidad contabilizó desde 2012 de forma indebida las operaciones participadas por Thesan Capital, que, según las acusaciones, pudieron esconder un entramado de financiación irregular en Luxemburgo.

Ambos han declarado durante algo más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en la causa que investiga, desde octubre de 2017, los dos últimos equipos directivos del banco.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, Hernández y Ruiz-Clavijo han dicho al magistrado que las operaciones con las sociedades donde Thesan participó deberían figurar clasificadas como dudosas desde 2012, cuando el Popular las calificaba de normal.

Dado que la clasificación no era correcta, hubiera sido necesario incrementar el saldo de dudosos en 876 millones de euros, lo que en la práctica provocó un déficit de provisiones de más de 500 millones de euros.

En cuanto a la resolución del Banco Popular, tras la cual el Santander se hizo con la entidad al precio simbólico de un euro, los expertos han reiterado que obedeció a un problema de liquidez y no de solvencia.

Por lo que respecta a la inspección realizada por el Banco Central Europeo (BCE) a las cuentas del Popular de 2016, ambos peritos han rechazado que se puedan aplicar de forma retrospectiva a las de 2015, algo que podría desestabilizar el sistema financiero, según las mismas fuentes.

Ello está en consonancia con lo que afirma el asesor sénior del FMI José Antonio Iturriaga, quien, a instancias del expresidente del banco Ángel Ron, presentó un documento en el que, además de descartar deficiencias en las cuentas de 2015, recordaba que el BCE sólo hizo recomendaciones de las que no se desprende que la entidad tuviera un déficit de provisiones.

«De haber sido de obligada observancia normativa para el Popular, se hubiera obrado con falta absoluta de diligencia y responsabilidad por parte de los organismos reguladores competentes, sin que los resultados de la inspección tuvieran que ser retrospectivos y ajustarse a cifras de 2015», según Iturriaga.

La causa que instruye el titular del juzgado central de Instrucción número 4 comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

En paralelo, el juzgado central de Instrucción número 5 asumió la querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores en la ampliación de capital de 2012.