Caso Banco Popular: Saracho pide que declare otra vez el inspector del BCE que fue muy crítico con Ron

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha pedido al juez que investiga a los dos últimos equipos gestores de la entidad una nueva declaración de uno de los inspectores del Banco Central Europeo (BCE) que fue muy crítico con la gestión de su predecesor en el cargo, Ángel Ron.

Se trata de Jesús Martínez Usano, que el pasado 4 de marzo declaró como testigo en su condición de jefe del equipo que llevó a cabo sendas inspecciones en el Popular sobre riesgo de crédito y contrapartida.

La primera de ellas tuvo como objeto verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado, en tanto que la otra se ocupó de verificar la correcta clasificación contable de una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

Martínez Usano declaró ante el juez que el incumplimiento de las normas contables durante el ejercicio de 2016 tenían como efecto la «alteración de los coeficientes de solvencia declarados» a esa fecha, ratificando así un informe elaborado por él mismo en mayo de 2018.

Según el escrito de Saracho, esta tesis concuerda con el contenido del informe elaborado por los peritos judiciales Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que afirmaban que «las cuentas anuales que se reflejaban en el folleto de la ampliación de capital no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso».

A ello hay que añadir, prosigue el documento, la opinión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aseguró que existían «indicios sólidos de que los deterioros registrados en 2017 en realidad se tendrían que haber registrado en 2016».

Todo ello es ajeno y anterior al desempeño de Emilio Saracho al frente del banco, que se prolongó desde el 20 de febrero al 5 de junio de 2017, sostiene el documento, ya que los deterioros que se reconocieron en 2017 en el ámbito de los activos adjudicados, en realidad tenían que haberse registrado al cierre del ejercicio 2016.

De ahí le necesidad de incidir en la declaración del inspector, ya que no es lo mismo gestionar una entidad saneada que cumple rigurosamente con la normativa bancaria aplicable a entidades españolas sometidas a la supervisión europea, que gestionar una entidad «cuyos coeficientes de solvencia se encuentran alterados y que incumple reiteradamente dicha normativa bancaria contable».

El escrito se refiere también a las valoraciones que de la entidad hicieron otros bancos durante el proceso competitivo de venta del Popular, que revelaron graves déficits de provisiones no detectadas hasta entonces.

En concreto, Sabadell detectó un déficit de provisiones de 4.224 millones de euros, que Bankia estimó en 4.026 millones y BBVA elevó a 10.800.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

El pasado 10 de marzo, el juez abrió una nueva pieza separada sobre la financiación a clientes del banco en la ampliación de capital de 2016.