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Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Caso Banco Popular: un socio de Linklaters afirma que Albella conoció desde el principio la ampliación de 2016

También asegura que el actual presidente de la CNMV se limitó a aspectos jurídicos no financieros

El socio de Linklaters Jorge Alegre ha asegurado que el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, entonces en la firma, conoció desde el primer momento el encargo de asesoramiento del Banco Popular para su ampliación de 2016, si bien ha aclarado que se limitaron a aspectos jurídicos, no financieros.

Alegre, que ha testificado este jueves ante la Audiencia Nacional en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores de la entidad, ha explicado que él personalmente recibió la petición de forma verbal, una fórmula que ha querido normalizar al tratarse de un cliente conocido, al que venían asesorando desde hacía años.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el socio del despacho ha dicho que fueron los vicesecretarios del consejo de administración del banco en la época, Javier Lleó y Heraclio Peña, quienes se pusieron en contacto con él y le realizaron el encargo de asesorar la operación, unos servicios cuyos honorarios ascendieron a cerca de 500.000 euros.

Dicha versión coincide con la ofrecida por el propio bufete en su respuesta a los requerimientos del juez, en los que aclaraba que la factura incluía asesoramiento general sobre la operación, redacción de la documentación societaria, preparación de la nota de valores del folleto, redacción de los anuncios y la revisión de la presentación a los inversores.

Estos servicios se completarían con la presencia «durante unos minutos» de dos de sus socios, Alegre y Albella, en la reunión del consejo de administración del Popular en la que se aprobó la ampliación de capital, con el fin de responder a las preguntas de los consejeros acerca de sus responsabilidades.

ASESORAMIENTO JURÍDICO, NO FINANCIERO

De todo ello habría tenido conocimiento Albella escasos días después de que Linklaters recibiera el encargo de la entidad, ha señalado Alegre, que ha situado al actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre los integrantes del equipo de asesoramiento.

Un extremo que ya fue matizado por Albella en su declaración del pasado septiembre, cuando dijo que su papel en este proceso fue secundario, y señaló a su compañero por ser la persona que manejaba toda la documentación sobre el Popular.

En los mismos términos se manifestó Linklaters, que lo excluyó del «núcleo principal» de asesores, del que formaban parte Alegre y otras cuatro personas.

A preguntas de las partes, Alegre ha incidido en que la exposición de Albella en el consejo que dio luz verde a la ampliación de capital de 2016, ahora objeto de investigación, fue teórica y se centró en explicar la ley de sociedades de capital y lo que se conoce como «business judgement rule».

Este concepto supone que si los consejeros toman decisiones estratégicas o de negocio de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado para adoptar la decisión y sin estar afectados por intereses personales, se considera que actúan con la diligencia exigible.

Tras ser advertido por el juez para que se cuidara bien de su respuesta, Alegre ha insistido en que el asesoramiento no trascendió el ámbito jurídico, y es que la información financiera de la entidad no era su cometido.

Para hoy también estaba prevista la comparecencia del que fuera secretario general técnico del Popular, Miguel Ángel Moral, aunque finalmente ha sido pospuesta.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.