Caso BBVA-Villarejo: solo hallan en casa de Corrochano un documento de 2016
Francisco González, presidente del BBVA entre el año 2000 y 2018, esta imputado personalmente el caso Villarejo, mientras Carlos Torres, el presidente actual, tiene imputada a la entidad como persona jurídica.

Caso BBVA-Villarejo: solo hallan en casa de Corrochano un documento de 2016

27 diciembre, 2021
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Actualizado: 27 diciembre, 2021 17:03
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La Audiencia Nacional ya dispone de la oferta que la empresa Cenyt, vinculada al excomisario de policía José Villarejo, realizó en la primavera de 2016 al BBVA para prestarle «servicios de consultoría de seguridad», por 50.000 euros mensuales durante un año, con métodos «siempre dentro de la legalidad». Eso sí, el registro se ha producido en 2021 cuando la contratación del ahora excomisario Villarejo comenzó en 2004, cuando supuestamente se le ordenó, siendo policía en activo, investigar y espiar al presidente de Sacyr en aquellos años, Luis del Rivero. Del Rivero intentó con el apoyo de La Moncloa de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente, el asalto al BBVA para desbancar a Francisco González, hombre próximo al PP.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, fue el único intervenido el pasado miércoles en casa del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, durante el registro practicado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó una orden para buscar papeles que pudieran estar relacionados con la contratación de Cenyt.

El archivo, de ocho páginas y fechado el 13 de mayo de 2016, plantea al BBVA consultoría en materia de seguridad y análisis de entorno.

En concreto, proponía la elaboración de un informe anual de entorno de cada uno de los países en los que la entidad contaba con intereses empresariales, y boletines de actualización de periodicidad quincenal.

Estos reportes «contendrán información de inteligencia de entorno de criminalidad y tendencias en riesgos para la seguridad de personas, activos, incluso reputación de BBVA», e identificaría «riesgos, vulnerabilidad y factores generadores».

Junto a estos aspectos, Cenyt se comprometía a incluir «recomendaciones de precaución y de medidas a adoptar».

Asimismo, la oferta incluía asesoramiento y asistencia ante situaciones de crisis como «secuestros, extorsiones, fraudes, amenaza reputacional», en los que se vieran involucrados personas o activos del BBVA.

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

Por motivos de seguridad y de protección de la confidencialidad, explicaba el texto, «todas las comunicaciones que incluyan datos sensibles de cualquier tipo se realizarán de manera verbal y directa entre el interlocutor del BBVA y el de Cenyt», es decir, Rafael Redondo, considerado socio de Villarejo.

De acuerdo con la documentación, Redondo se desplazaría personalmente a la sede social del banco o al sitio acordado para «recibir u ofrecer personalmente la información, comentarios y asesoramiento al servicio de inteligencia requerido».

Estas reuniones se celebrarían «con periodicidad y cada vez que se considere necesario por parte del BBVA, sin limitación alguna».

ENCARGOS CON MÉTODOS «DENTRO DE LA LEGALIDAD»

Siguiendo la línea de máxima confidencialidad, la oferta fijaba que «la entrega de informes o documentación se realizara en mano» y sólo por parte de los interlocutores, salvo «circunstancias excepcionales».

En cualquier caso, aseguraba que Cenyt actuaría «siempre bajo la supervisión y directrices del BBVA, a quien deberá consultar previamente cualquier actividad no fijada con anterioridad».

A cambio, la empresa del excomisario se obligaba a realizar la actividad «dentro de la legalidad vigente, absteniéndose de utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra cualquier derecho protegido».

De igual modo, anunciaba que denunciaría «inmediatamente cualquier hecho que hubiera llegado a su conocimiento y que pudiera ser constitutivo de delito».

La propuesta, que incluía a España, Turquía, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay, cifraba los honorarios mensuales en 50.000 euros por un periodo de un año.

EL REGISTRO A CORROCHANO, PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

El registro a la vivienda de Corrochano se fraguó un día después de que el que fuera jefe de seguridad del banco ratificase ante la Audiencia Nacional, como investigado el escrito, que presentó hace dos meses en el que exponía que la decisión de contratar a Cenyt partió del expresidente del BBVA, Francisco González.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó dicha medida «con la única finalidad de buscar la documentación en soporte papel que pudiese tener guardada» con relación a los contratos con Cenyt, Villarejo o Redondo.

Para el Ministerio Público, la orden era proporcional ya que «pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la instrucción, no se ha logrado encontrar mucha documentación que necesariamente tuvo que existir».

Por una parte, BBVA «ha manifestado reiteradamente que existen facturas sin contratos, así como pagos que únicamente han quedado reflejados en sus sistemas informáticos, pero que se carece de los soportes físicos».

Por otra, Corrochano «está (o habría estado) en poder de mucha de esta documentación», no en vano en los archivos internos «se aludía a que eran servicios confidenciales y que la forma de entrega sería directamente» al entonces responsable de seguridad de la entidad, «que sería la persona encargada de su custodia».

LA PROPUESTA, REMITIDA AL JUZGADO

Tal como consta en la diligencia, durante la entrada y registro Corrochano manifestó en un primer momento que no disponía, que supiese, de la documentación referida en el auto.

Poco después, en compañía de su abogada, indicó a los agentes del dispositivo policial, de forma espontánea, la ubicación de una estancia en la que almacenaba información sobre la causa.

Allí se encontró la «oferta» del grupo Cenyt, que según Corrochano, era el mismo documento que exhibió ante el juzgado en su última declaración, y que se trata del único documento intervenido.

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