Caso BBVA-Villarejo: un inspector jefe jubilado declara al juez que el excomisario tenía datos policiales fuera de cauces oficiales

El inspector jefe de Policía jubilado Constancio Riaño ha asegurado que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño pedía a su equipo, fuera de los cauces oficiales, que sacaran información sobre ciertas personas que acabó en manos del excomisario José Villarejo.

Riaño, que ha comparecido este miércoles como investigado en el marco de la causa sobre los encargos del BBVA a la empresa de Villarejo, Cenyt, ha explicado que el excomisario iba frecuentemente a ver a García Castaño y le solicitaba información de las bases policiales.

Acto seguido, ha dicho, el jefe de la UCAO les pedía que sacaran dichos datos en un «post-it», sin petición formal previa.

Riaño ha negado que su equipo, del que formaban parte otros dos policías investigados en esta causa, José María Serrano Ydígoras y Manuel Novoa, conociera a Villarejo.

Aún así, ha recalcado que el excomisario iba «frecuentemente» al despacho de García Castaño, de forma «clandestina» ya que no se identificaba al entrar como sí hacía el resto del mundo.

A tenor del auto de imputación dictado en su día por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, las consultas en bases policiales se remontan a 2015 y 2016, e incluyen datos de filiación, domicilios, pasaportes, trámites, tarjetas e imágenes de una decena de personas, algunas de nacionalidad búlgara.

Entre ellas estaría, según avanzaron varios medios, el compañero de celda del presidente de Ausbanc, Luis Pineda; precisamente Pineda figura como acusación particular en esta pieza separada del «caso Tandem» al entender que fue víctima de un montaje encargado por el BBVA a Villarejo.

Siempre según las fuentes, Riaño ha indicado que la petición de información sobre ciudadanos búlgaros tuvo que ser un mandato del excomisario porque vino de un «post-it» amarillo.

En esta línea, ha insistido en que él no estaba «para muchos búlgaros» porque estaba a punto de jubilarse, pero que sus policías le informaron de que García Castaño, alias «El Gordo», les había pedido que investigaran a ese grupo.

Acceso al ordenador

Durante su intervención, Riaño se ha referido al ordenador desde el que se consultaban los datos, un dispositivo que no estaba en red y tampoco bajo su control.

De hecho, ha ironizado, lo podía usar cualquiera, hasta la señora de la limpieza, porque para ellos era un juguete que no estaban obligados a tener.

A preguntas de las defensas, el inspector jefe jubilado ha aclarado que sólo conocía a Villarejo de presentárselo García Castaño, pero que no sabía si estaba en activo o no.

Asimismo, ha reiterado que la única motivación profesional que tuvo siempre fue servir a su país, con investigaciones en materia de terrorismo.

De ahí que cuando «El Gordo» pedía cosas para Villarejo, era obvio que no tenía que ver con lo que ellos hacían en su unidad, ha sentenciado Riaño, que no ha querido contestar a la defensa del excomisario.

Espionaje a políticos, empresarios y periodistas

La «operación Trampa» gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de quien fuera su presidente Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos como el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex responsable de riesgos Antonio Béjar.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».

Argumentos que retomaron los fiscales en un informe reciente, en el que recordaba que, a tenor de los investigadores, la factura de los «múltiples» servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.