Castilla y León demanda al Estado por 182 millones del IVA de 2017

La Junta de Castilla y León ha anunciado este miércoles que ha formalizado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Estado, al que reclama los 182 millones de euros correspondientes al importe del IVA pagado por los ciudadanos en esa comunidad en noviembre de 2017 y que la administración autonómica considera que el Gobierno retiene indebidamente.

En un comunicado, la Junta ha lamentado que el Gobierno haya hecho «caso omiso» a la reclamación y al requerimiento administrativo que envió a lo largo del presente año «para evitar el conflicto judicial».

De esta cantidad reclamada, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico consideran que 120,49 millones de euros corresponden a la liquidación del IVA de ese mes de 2017, pero le suman 61,51 millones  de «pérdida indirecta», al considerar que también deben ingresar en las arcas de la Comunidad 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones del Fondo de Cooperación.

El origen del conflicto está en un cambio normativo realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016, cuando estableció un nuevo sistema de  registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, ampliando el plazo de liquidación del IVA para todos los sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el impuesto era mensual -grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA-, ha detallado la Junta de Castilla y León.

Tras el cambio, la fecha límite para liquidar cada mes pasó del día 20 al día 30 del mes siguiente, y con este retraso, el ingreso de la liquidación del IVA de noviembre de 2017 pasó de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018, es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del año 2017.

Este cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provocó al Estado un retraso de 10 días en el ingreso en su caja, ya que recaudó lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades autónomas, como Castilla y León, ha supuesto la pérdida de la financiación de un mes entero del IVA en la liquidación del sistema para 2017, pérdida que será permanente.

Desde entonces, y desde junio de 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez al frente, la Junta de Castilla y León ha reclamado esta cuantía, aunque inicialmente la anterior consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, únicamente pidió la cantidad de 122 millones.

Ahora la Junta aduce que, ante la insuficiencia financiera, ha tenido que acudir al sistema de crédito para atender servicios esenciales como los sanitarios, los educativos y los de servicios sociales.

El gobierno regional ha utilizado para su demanda argumentos como el esgrimido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en varios informes ha reconocido el «impacto negativo» que aquella norma ha tenido en la liquidación de los recursos del sistema de financiación de 2017 a percibir en 2019 por las comunidades autónomas.

En su escrito, el Ejecutivo autonómico ofrece como alternativas al pago efectivo de la cantidad de 182 millones, que se pague como «indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado», o «que se aplique el sistema de compensación, de tal forma que cualquier deuda que pudiera tener la Junta de Castilla y León con el Estado ahora o en un futuro se vaya sufragando contra ese crédito».