Cataluña, presidida por Salvador Illa y donde Sánchez tiene montado su ‘chiringuito’ de votos a costa de perjudicar al resto de las comunidades autónomas en temas como la financiación o deuda, es la comunidad autónoma donde más desahucios, ejecuciones hipotecarias y embargos de vivienda que se realizan en España.
Eso sí, las acampadas y las protestas por la vivienda se producen en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. En Cataluña nadie alzó la voz por desahucio y posterior suicidio de Olga, una cecina de L’Hospitalet de Llobregat, pero sí, por ejemplo, se paró el Metro de Barcelona un minuto en señal de protesta por la muerte de Maricarmen en Madrid.
Tampoco nadie en Cataluña ha alzado la voz contra la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, número uno del PSOE-PSC por Lérida en las elecciones generales, que afirmó en el Congreso que ‘hacer negocio con la vivienda’ es repugnante, cuando su pareja tiene un negocio que se dedica a ello, que ejecuta desahucios o que construye urbanizaciones ilegales, pero, claro, en este caso, a diferencia de Urbagestión en Madrid, que es una «pyme carroñera’, es una «empresa familiar que actúa en la legalidad, y en la más «estricta», según el PSOE que ha salido a defenderla en tromba, incluido el candidato de Sánchez a la Comunidad de Madrid, Óscar López, su antiguo rival político que indagó en las saunas de prostitución del suegro del presidente del Gobierno. No se sabe si pactó con Sánchez la documentación encontrada para que le nombrara ministro tras su fracaso electoral en Castilla y León.
Un empresa en cataluña que se dedica al negocio de la vivienda, como es la sociedad de la pareja de la portavoz del PSOE, es una empresa familiar, pero, sin embargo, en Madrid, como Urbagestión, en opinión de los socialistas, es una «pyme carroñera»
Pues bien, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cataluña se sitúa a la cabeza de la clasificación de los desahucios por alquiler e hipoteca con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional; seguida de Madrid, con 778, 205 menos; Andalucía, con 737; y la Comunidad Valenciana, con 629.
Si se tienen en cuenta únicamente los lanzamientos consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos, o impago del alquiler, también aparece Cataluña en primera posición, con 456, o el 10,1 % del total; le sigue Andalucía, con 397; y la Comunidad Valenciana, con 361.
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247, el 22,2 % del total nacional; en Cataluña, 209; y en la Comunidad Valenciana, 184.
Los datos del CGPJ indican que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 ascendió a 17.276, un 26,8 % más que en mismo trimestre de 2025.
De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1 %.
Ejecuciones hipotecarias
Entre abril y junio, se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6 % menos que en el mismo periodo de 2025.
El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9 % del total nacional, y a continuación figuran Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807; y Madrid, con 563.
Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas con la población, Cataluña registró 27,9 por cada 100.000 habitantes, la Región de Murcia 20,6 y la Comunidad Valenciana 14,9.