Cinco años del éxodo empresarial catalán sin visos de reversión

Cataluña cumple en octubre cinco años del mayor terremoto empresarial de las últimas décadas, el que llevó a varios miles de empresas catalanas, entre ellas los bancos, a trasladar sus sedes a otras comunidades por miedo a una declaración unilateral de independencia.

Según fuentes empresariales consultadas por Efe, el traslado de todas esas sedes sociales está plenamente asentado y nada hace pensar actualmente en un movimiento de retorno de las sedes sociales de las grandes empresas a Cataluña.

No en vano, en los ambientes empresariales sigue existiendo desconfianza hacia la posibilidad de que Cataluña sea capaz de garantizar un clima político estable a corto plazo, apuntan estas fuentes, que añaden que este asunto en todo caso tampoco está sobre la mesa de los consejos de administración de las grandes compañías.

En el caso de las empresas que movieron su sede a Madrid, la fiscalidad favorable de esta comunidad puede ser un argumento más para retener a algunas empresas de capital familiar que dieron ese paso, apuntan algunas fuentes.

Pero no es una razón que esgriman las grandes compañías ya que el procés no provocó movimientos en bloque de centros corporativos o de servicios centrales, aunque sí consolidó una mayor presencia en Madrid de altos directivos.

En esta línea, las fuentes consultadas recuerdan que en octubre de 2017 se buscaba a toda costa un lugar estable para mover la sede y que garantizara la permanencia en la UE en caso de independencia de Cataluña, y recuerdan que fue una marcha forzosa, en busca de seguridad jurídica.

Aunque las grandes empresas no se plantean actualmente volver a situar su domicilio social en Cataluña, fuentes del mercado aseguran que no es descartable, en cambio, que en un futuro a medio plazo pudiera plantearse el retorno de la Fundación Bancaria La Caixa desde Palma a Barcelona, pero siempre que se diera una serie de condiciones que ahora no se dan, como una estabilidad institucional en Cataluña.

EL VERTIGINOSO MES DE OCTUBRE DE 2017

Después del referéndum del 1 de octubre de 2017, prohibido por el Tribunal Constitucional, una parte de las empresas catalanas, entre ellas las grandes compañías, empezaron a creer que la posibilidad de que Cataluña declarara unilateralmente la independencia no era tan descabellada, y para proteger sus intereses y los de sus accionistas decidieron trasladar sus domicilios sociales a otras partes de España, lo que generó un octubre de vértigo.

Aunque los primeros pasos los dieron empresas como Oryzon Genomics (3 de octubre) o Naturhouse, ya en el mes de agosto, al fijar su sede social en Madrid, el gran desencadenante de la ‘fuga’ empresarial se produjo el 5 de octubre, con la marcha de Banco Sabadell a Alicante.

La posibilidad de una declaración unilateral de independencia -la llamada DUI- por parte del Parlamento catalán causó alarma en el ámbito empresarial, y en el caso de los bancos ese temor también se trasladó a los clientes.

Los días posteriores al 1 de octubre se multiplicaron los catalanes preocupados por sus ahorros y que optaron por abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña.

Según datos recopilados entonces por las patronales bancarias AEB y CECA, un total de 29.429 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos, incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017.

En ese contexto de alarma, CaixaBank aprovechó el decreto ley aprobado por el Gobierno para facilitar el cambio de sede social sin tener que pasar por Junta de Accionistas para trasladar su domicilio social a Valencia, y también dieron ese paso, en este caso a Madrid, Gas Natural Fenosa -ahora llamada Naturgy-, la Fundación Bancaria La Caixa, que se fue a Palma, u otras cotizadas.

Fue el caso de Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams o Cementos Molins, entre otras, que también decidieron mover su sede social fuera de Cataluña durante ese convulso octubre, de forma que el gigante de los hemoderivados Grifols se quedó entonces como la única cotizada catalana del IBEX 35 que mantuvo su sede en la comunidad catalana.

En ese ambiente de miedo por lo que podía suceder, otras grandes compañías familiares catalanas mudaron el domicilio social a otras comunidades, como Codorníu, Hotusa, Indukern o Planeta.

También Agbar, controlada entonces por Suez -y ahora integrada en Veolia-, decidió llevarse la sede social fuera de Cataluña, aunque en septiembre de 2018 anunció que fijaba de nuevo su sede social en Cataluña apelando a la «estabilidad económica», en uno de los pocos casos de movimiento de regreso que han trascendido.

No obstante, cuando Agbar hizo ese movimiento era propietaria solo de los negocios catalanes de concesión de la gestión de aguas del grupo, y el resto de activos situados en otras partes de España colgaba de Suez Spain, con sede en Madrid desde 2015.

En cuanto al volumen de empresas que trasladaron su sede social a otras comunidades, los datos varían. Según los del Colegio de Registradores, en 2017 y en la primera parte de 2018 un total de 4.422 empresas catalanas trasladaron la sede a otras partes de España, aunque también en ese período hubo 758 empresas que se instalaron en Cataluña.

En cambio, la Generalitat dio a conocer en septiembre de 2018 un estudio que reducía a 2.501 el número de «decisiones empresariales» de traslado tomadas entre octubre de 2017 y julio de 2018, aunque esas decisiones correspondían a 3.700 CIF (códigos de identificación fiscal de las compañías), aclaró entonces.

Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball, que forma parte de la CEOE, estima que se fueron unas 5.000 empresas de las 550.000 empresas domiciliadas en Cataluña.