La CNMC multa a 22 firmas de consultoría, entre ellas Deloitte, PwC y KPGM, y directivos por manipular licitaciones públicas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales que operan en España, y a varios de sus directivos por manipular licitaciones públicas durante al menos 10 años.

Las multas impuestas a las empresas, que distribuidas en dos redes de colaboración (norte y nacional) formaron sendos cárteles que manipularon la contratación pública, ascienden a 5,87 millones de euros, mientras que las que afectan a varios directivos, a 439.000 euros, que van desde 55.000 a 12.000 euros, ha informado este miércoles el regulador en un comunicado.

Las cuantías de las multas varían en función de la facturación de cada una de las empresas, correspondiendo la más elevada, de casi 4 millones de euros (3,99 millones), a Deloitte Consulting, seguida de las de 670.000 y 640.000 euros impuestas a PriceWaterHouseCoopers Asesores de Negocios e Idom consulting, Engineering Architecture, respectivamente.

Otras firmas sancionadas son KPMG Asesores (50.000 euros) o Indra Business Consulting, en cuyo caso se ha aplicado una reducción del 10 % (27.000 euros), como consecuencia de las actuaciones adoptadas en sus programas de cumplimiento normativo.

Se ha reducido un 40 % (18.000 euros) la sanción impuesta al director de PA Consulting Services en España, Xabier Manterola, debido a su solicitud de clemencia.

Asimismo, la CNMC ha activado el presupuesto legal para que algunas de ellas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas (AAPP).

El regulador ha explicado que el expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontrados su ámbito autonómico.

En consecuencia, en octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.

En febrero de 2019, la CNMC inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de ese año, amplió a 11 nuevas y dos de sus responsables.

Durante la instrucción del caso, se ha acreditado que, de 2008 a 2018, las firmas se organizaron en dos cárteles diferenciados, sirviéndose de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones convocadas por distintas administraciones públicas.

La CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta.

En el caso de la red de norte, se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao, Santander o Vitoria; diversos departamentos del Gobierno Vasco y del de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

En el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el de Trabajo e Inmigración; el de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana o la Juntas de Extremadura y Andalucía.

«MODUS OPERANDI»

El regulador ha detallado que las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos -en ocasiones antiguos compañeros de trabajo- facilitaron el funcionamiento de estas redes.

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia.

Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como «ofertas de cobertura», a través de las cuales una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba con otras de su red de colaboración, para solicitarles que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso.

En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación.

Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos, ha subrayado la CNMC.