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Andrea Orcel, Ana Botín y José Antonio Álvarez el día de la presentación de un fichaje frustrado.

Comienza la batalla judicial Banco Santander-Andrea Orcel

El juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid celebra este lunes la vista previa al juicio entre el Banco Santander y Andrea Orcel, el banquero italiano que estuvo a punto de convertirse en el “número dos” de Ana Botín y que reclama 112 millones de euros a la entidad por cancelar su contratación.

Aunque inicialmente estaba programada para el pasado 13 de abril, la crisis sanitaria del coronavirus obligó al magistrado a posponer hasta después del verano esta vista, a la que sólo tendrán acceso las partes implicadas en el proceso, esto es, los letrados de Orcel y del Santander.

Regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la audiencia previa es un trámite que permite a las partes tratar de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, examinar cuestiones procesales, y, en su caso, proponer y admitir pruebas.

La disputa entre Orcel y el Santander comenzó el pasado verano, cuando el banquero demandó al banco por dar marcha atrás a principios de ese año a su contratación, anunciada públicamente unos meses antes, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.

A pesar de que la entidad trató de llegar a un acuerdo con él tras renunciar a su fichaje como consejero delegado, la situación entre ambos se distanció, dando comienzo al periplo judicial.

EL FICHAJE FRUSTRADO

Orcel acusa al Santander de incumplir un contrato que el banco ni siquiera reconoce, pues estaba condicionado a varios requisitos que posteriormente no se cumplieron; además, la entidad asegura que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

El Santander frustró la contratación del banquero tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio “inaceptable” en palabras de Botín.

El banco aclaró que cuando anunció el fichaje no era posible anticipar el coste final exacto para el grupo.

Sin embargo, Orcel sostiene que el Santander incumplió un preacuerdo en el que se le ofrecía una prima de fichaje de 17 millones y un sueldo similar al del actual consejero delegado, unos 10 millones al año.

Sobre este punto, la entidad destaca que dicha oferta “nunca se materializó y no es el contrato que exige la ley”.

Con el fin de compensar el “bonus” pendiente del banquero de inversión italiano en su anterior puesto como ejecutivo de UBS, el Santander estaba dispuesto a entregarle acciones de la propia entidad por un importe máximo de 35 millones, aunque la idea era que esta cuantía se redujera en la negociación con el banco suizo.

Pero el banquero, señalaba el Santander en su escrito de alegaciones, nunca tuvo intención de que UBS asumiera parte de sus incentivos.

Así, sostenía la entidad española, aunque el italiano les pidió ayuda para redactar una carta instando a UBS a asumir la mitad de la retribución diferida, no consta que ésta se enviara.

El banco presidido por Ana Botín aseguraba además que Orcel aumentó sus pretensiones y expresó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS en concepto de la no percepción de dividendos e intereses, que estimaba en unos 3 millones de euros.

De este modo, no sólo no habría rebajado el coste de su nombramiento sino que habría pedido más dinero al Santander durante el proceso de contratación.