De Guindos testifica el miércoles por videoconferencia en el caso del Banco Popular

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, testificará este miércoles por videoconferencia desde Fráncfort, donde tiene sede el organismo, en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Inicialmente programada para comienzos del pasado abril, la comparecencia de De Guindos ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se centrará en hechos que tuvieron lugar durante su etapa como titular del Ministerio de Economía, cargo que ocupaba en el momento de la resolución del Popular, en junio de 2017.

A finales de 2019, el magistrado emplazó a declarar a varios testigos, entre ellos el exministro, que solicitó hacerlo por escrito en tanto que acudir personalmente al juzgado conllevaría desatender sus «responsabilidades profesionales» durante, al menos, el día de su citación.

Aunque insistió para que testificara en persona, «como cualquier ciudadano», Calama finalmente dio el visto bueno a la videoconferencia desde Fráncfort (Alemania), aplazada hasta ahora con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

Dicha fórmula fue utilizada antes por el exministro durante el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, donde también compareció en calidad de testigo.

Una polémica resolución y venta al Banco Santander

Como ministro, De Guindos tuvo que hacer frente a la resolución del Popular el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, y posterior venta al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

Una operación que defendió en el Congreso, ya que la alternativa habría sido «no abrir el banco» al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores», escenario que habría provocado «enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros» para el más de un millón de hogares depositantes de la entidad.

No obstante, algunas acusaciones lamentan que, a pesar de las nuevas pérdidas de 124 millones de euros afloradas días antes de la resolución, el Gobierno reiterara su confianza en un banco sin problemas de liquidez y «solvente», como expresaron hasta en cinco ocasiones en quince días, entre otros, el propio De Guindos.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.