Decretazo para todo, menos para subir el sueldo a los funcionarios

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, ha asegurado este jueves que la intención del Gobierno es subir el salario a los funcionarios el 2 % comprometido para 2020, si bien ha explicado que no podrán hacerlo estando en funciones, aunque este Gobierno en funciones no ha tenido ningún problema en usar el ‘decretazo’ para aprobar otras medidas.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar una jornada de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), el ministro ha indicado que «desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero», aunque tenga que ser «con efecto retroactivo».

«Nos encontramos en un periodo de Gobierno en funciones», ha recordado Planas, quien ha confiado en que «tengamos pronto» un Ejecutivo investido que tenga «plena capacidad», ya que el alza salarial requiere de un decreto Ley, una figura normativa que plantea dificultades para su aprobación en la actualidad.

De haberlo «antes de fin de año», se podría adoptar la subida salarial para los funcionarios, ha dicho.

«Pero hay que tener muy en cuenta las circunstancias en las que no encontramos», ya que aunque el Presupuesto prorrogado «no plantea problema, «sí lo relativo al Gobierno en funciones, según nos han informado los servicios jurídicos».

Precisamente esta mañana, el sindicato CSIF ha convocado movilizaciones frente a las delegaciones de Gobierno para que garantice que esa subida salarial es percibida por los más de 2,5 millones de empleados públicos desde el día 1 de enero de 2020, aprobándola vía Real Decreto.

Asimismo, el ministro ha asegurado que durante el mes de diciembre se convocarán las Comisiones de Igualdad y la de Seguimiento del Empleo y Estabilización, tal y como se comprometió ayer con los sindicatos.

Durante su intervención en la jornada, el ministro ha asegurado que el próximo Gobierno llevará a cabo el desarrollo de la Ley de Función Público, desarrollando así el Estatuto Básico del Empleado Público, porque «es una promesa electoral del PSOE».

También ha considerado aconsejable que en la presidencia de las Comunidades Autónomas haya personal diplomático, para asesorar de manera profesional a los equipos de Gobierno para afrontar adecuadamente su presencia en el exterior.

«La Administración se enfrenta a dos grandes retos», ha dicho el ministro: «la necesidad de vincular los conocimientos con los retos actuales del mercado de trabajo» y «la evolución demográfica», ya que la plantilla tiene una edad media de casi 52 años.

En este sentido, ha cuantificado que en 2019 se han jubilado 19.159 funcionarios, 14 % de la plantilla pública total.