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El saldo vivo de la deuda de la Sareb, considerada como pública, se sitúa en los 33.664 millones de euros
El ‘banco malo’ hace honor a su nombre: pierde 1.626 millones, el 51,5% más
El FROB, dependiente del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, que contaba con un 45,6% de la Sareb, lanzó una oferta a la banca, aseguradoras y otras entidades financieras participantes en su capital para hacerse con la mayoría. Según el propio FROB ya ha conseguido ese objetivo con la compra de pequeños paquetes, aunque los grandes bancos como Santander o Caixabank, o aseguradoras como Mapfre, se han negado a vender.

El ‘banco malo’ hace honor a su nombre: pierde 1.626 millones, el 51,5% más

25 marzo, 2022
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Actualizado: 25 marzo, 2022 19:07
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La Sareb, la sociedad creada en 2012 para dar salida a los activos problemáticos de la banca rescatada conocida como el ‘banco malo’, perdió 1.626 millones de euros en 2021, un 51,5 % más que hace un año.

A pesar de la recuperación del mercado inmobiliario en los últimos años, dos tercios de la cartera de Sareb tienen minusvalías contables, pues su valor actual está lejos del precio que pagó por ellos en 2012. Eso hace que cuando la compañía aumenta sus ventas, al mismo tiempo incrementa sus pérdidas.

El propio equipo gestor, encabezado por su presidente, Javier García del Río, es partidario de acelerar la venta de activos tóxicos, aunque esto implique aumentar las pérdidas como ha sucedido en 2021, con el objetivo de generar caja y seguir reduciendo el impacto de la deuda de la compañía en el volumen de deuda pública. El año pasado logró reducir su deuda, que cuenta como pública, en más de 1.250 millones de euros, ha informado este viernes.

En 2021 la sociedad alcanzó un récord histórico de venta de inmuebles, con más de 23.260 unidades comercializadas, «principalmente a familias y empresas», y los ingresos crecieron hasta los 2.184 millones de euros en 2021.

Un total de 1.499 millones de ese volumen de ingresos procedía de la gestión y venta de inmuebles, un 77 % más que en 2020; el negocio de préstamos generó 657 millones, un 16 % más; y los 28 millones restantes vinieron de otros ingresos.

Por otro lado, los gastos operativos crecieron un 14 %, hasta 688 millones por los mayores costes de comercialización, consecuencia del aumento de las ventas, y por la puesta a punto de inmuebles en mal estado embargados a promotores para venderlos a particulares.

Los gastos relacionados con la estructura y funcionamiento de la compañía, sin embargo, descendieron un 7,5 %, fruto del plan de eficiencia puesto en marcha desde 2020 y que ha supuesto reducir un 33 % el comité de dirección y en un 16 % la estructura de directores.

De esta forma, el margen bruto operativo arrojó un resultado negativo de 434 millones y las pérdidas netas de la sociedad se elevaron a 1.626 millones, unos números rojos que no tienen impacto en la viabilidad de la compañía, que desde 2020 está exenta de la obligación de contar con recursos propios para operar con normalidad.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Gracias a los ingresos obtenidos durante 2021, la Sareb, que en los próximos días pasará a estar controlada por el Estado, pudo cancelar más de 1.250 millones de euros de deuda con aval público, con lo que el saldo vivo se sitúa en los 33.664 millones de euros.

En sus nueve años de vida, la Sareb ha reducido el aval de Estado en 17.100 millones de euros, el 34 %.

Pero además, según han informado a Efe fuentes próximas a su consejo, la compañía cuenta con más de 3.500 millones de euros de tesorería que podría destinar a reducir aun más la deuda pública porque no necesita esa liquidez para hacer frente a su plan de negocio.

VIVIENDAS SOCIALES

La Sareb ha destacado también que en 2021 ha seguido potenciando, en su estrategia de responsabilidad corporativa, actuaciones en materia de vivienda social mediante la firma de un protocolo para ampliar su parque social hasta 15.000 unidades.

En nueve años, la compañía ha cedido más de 3.200 viviendas a entidades locales y autonómicas, ha vendido alrededor de 350 inmuebles a administraciones públicas para poner en marcha o ampliar sus parques sociales y, adicionalmente, gestiona de forma directa otros 1.115 inmuebles en alquiler social.

 

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