El Banco Popular no investigó a fondo si se financió a clientes para la ampliación

El exvicesecretario del consejo de administración del Banco Popular Heraclio Peña ha explicado este martes en la Audiencia Nacional que la entidad, aunque elaboró un informe preliminar, no investigó a fondo si se concedió financiación a clientes para acudir a la ampliación de capital de 2016.

Peña, que ha declarado como testigo ante el juez que investiga a los dos últimos equipos gestores del banco, ha señalado que este análisis fue interrumpido, y ha indicado que el Popular nunca entrevistó a los directores territoriales ni de oficina para saber si hubo instrucciones, según han informado a Efe fuentes jurídicas,

También ha testificado este martes Fernando Merino, responsable de la red del Banco Pastor en 2016 y antiguo responsable de la zona Norte del Banco Popular, que ha negado que hubiera instrucciones para financiar que los clientes del banco acudieran a la ampliación de capital,

Merino, cuya testificación estaba prevista el pasado 6 de octubre pero fue aplazada por enfermedad, ha asegurado que ni dio ni recibió instrucciones en ese sentido, al igual que hicieran en sede judicial otros cinco directores territoriales.

La supuesta financiación que la entidad habría concedido a clientes para que suscribieran títulos de la ampliación de 2016 se ha convertido precisamente en uno de los pilares del caso.

El pasado viernes, el juez José Luis Calama imputó a cinco exdirectivos del Popular por supuesta estafa a inversores o falsedad contable al considerar que esta presunta práctica habría ocultado «el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio».

El auto se conocía un día después de que interrumpiera la declaración como testigo de la exdirectora de auditoría interna del banco Yolanda García, ahora investigada, tras apreciar que estaba faltando a la verdad.

Tal como apuntó García durante su breve interrogatorio, la normativa no prohíbe la financiación de acciones siempre que la entidad la reste de su capital; de lo contrario, sería ilegal.

Sin embargo, el magistrado cree que el Popular «tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial (…) presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo, PwC, y del supervisor bancario, el Banco Central Europeo (BCE)»

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.