El BBVA, tras pagar 10 millones a Villarejo, defiende sus ‘mecanismos de control’ tras el espionaje a periodistas, políticos y empresarios
BBVA ha defendido este jueves los «necesarios mecanismos de control» para garantizar el deber de secreto sobre la información confidencial del banco, tras las críticas recibidas por parte de las asociaciones de prensa por el espionaje a distintos periodistas.
El banco manifiesta en un comunicado su «profundo respeto» por la labor de los medios de comunicación, y la «importante función» que tienen en la sociedad y rechaza cualquier práctica que vulnere sus derechos fundamentales y la libertad de información y de expresión.
BBVA responde así a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) que condenaron hoy «de forma enérgica» el espionaje al que BBVA sometió a periodistas durante casi una década.
El sumario del caso Villarejo da cuenta de ese seguimiento a distintos periodistas, además de a empleados del banco, y para las tres asociaciones españolas de la prensa es «un ataque a la libertad de acceso a las fuentes» que pone en riesgo la transparencia informativa.
Sin embargo, BBVA argumenta que, «como cualquier empresa», que además es cotizada y está sujeta a una exigente supervisión reguladora, tiene el deber de contar con mecanismos de control que velen por el cumplimiento de la ley y de las políticas y procedimientos internos, y eso incluye el deber de secreto sobre la información confidencial de la empresa.
En el caso de una vulneración, se defiende BBVA, la entidad debe poner en marcha los mecanismos internos para identificar posibles incumplimientos; mecanismos que son «perfectamente legítimos, siguen su correspondiente procedimiento, y están recogidos en el código de conducta y las normas internas, a las que están sujetos todos los empleados».
Además, insiste en que es importante diferenciar estos «necesarios mecanismos de control» de cualquier tipo de práctica ilegal como sería el seguimiento de comunicaciones privadas de terceros, que «de ser cierto sería de indudable gravedad y contaría con el total rechazo de BBVA».