El caso de Banco Popular, cada vez más confuso tras la declaración de los peritos del Banco de España

La investigación a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular afronta una nueva fase en la instrucción del caso después del interrogatorio a los peritos, que a lo largo de una semana han ratificado ante el juez un informe que, aunque detecta posibles anomalías, no resulta del todo concluyente.

Fuentes jurídicas consultadas ponen de ejemplo lo ocurrido con la salida a Bolsa de Bankia, donde los expertos cedidos a la causa aportaron tres escritos cada uno, por lo que no descartan que en los próximos meses pueda ampliarse el trabajo sobre el Popular a raíz de ciertos argumentos alegados por las partes ya en sede judicial.

Los propios peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández así lo advirtieron a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a la que respondieron que si bien no tuvieron ninguna limitación al elaborar su informe, se reservaban la posibilidad de variar su parecer en función de lo que expusieran los letrados de acusaciones y defensas.

Un motivo para ampliar el peritaje serían cuatro de las cartas que el Banco Central Europeo (BCE) envió al Popular entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, esto es, apenas meses antes de que Europa resolviera la entidad, y que los expertos reconocieron no haber tenido en cuenta en su primer informe.

Las misivas, a las que ha tenido acceso Efe, refuerzan la teoría del «sí pero no» que sobrevuela un caso en el que la balanza no termina de decantarse de forma taxativa de ninguno de los dos lados.

Por un lado, los peritos ven indicios de posibles irregularidades en el tratamiento de las cuentas empleadas por el Popular, pero, de momento, no sólo no pueden cuantificar su alcance, sino que además se encuentran con la difícil tarea de armonizar el relato con una normativa bancaria que, tras la crisis, no ha dejado de mutar.

Por otro, los investigados, que insisten en que la entidad no se apartó jamás de las circulares contables del Banco de España, apoyan su defensa en los halagos de los supervisores que, en líneas generales, destacaban la implantación de estrategias «efectivas» para «evaluar, mantener y distribuir» el capital interno.

El BCE respalda el trabajo del Popular en este campo en una carta del 20 de noviembre de 2015 donde afirma que «la cantidad, el tipo y la distribución» de dicho capital son «ampliamente adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de riesgos a los que el banco podría estar expuesto».

Y va a más al subrayar que la entidad mantenía por entonces una liquidez que proporcionaba «una cobertura suficiente», gracias, en parte, a la implementación de «estrategias, políticas y procesos robustos» que le permitían «identificar, medir, gestionar y monitorear» los riesgos.

Pero no todo eran alabanzas, tal como se lo hacía saber el organismo al banco, al que pedía, a nivel de grupo, reforzar el modelo de negocio en la filial de Portugal, y especialmente, al que avisaba de que se habían identificado «algunos riesgos sustanciales» que aún no estaban «totalmente abordados».

En este sentido, ponía el foco en el modelo comercial del Popular, el de la banca minorista, cuyos ingresos sufrían el «impacto negativo» del exceso de «préstamos morosos y activos adjudicados en su balance general».

Por ello, el BCE de Mario Draghi admitía sus «dudas sobre la capacidad del banco de mantener el grado de rentabilidad necesario para fortalecer una base de capital sólida».

Un año más tarde, en los últimos compases del mandato de Ángel Ron, el organismo avisaba a la entidad de que tenía que cumplir con los requerimientos de Basilea, en concreto, con el llamado «Pilar 2», que prevé el tratamiento de riesgos de crédito, operacionales y de reputación, y habilita al supervisor a exigir niveles de capital superiores del mínimo regulatorio.

Con todo, este «incumplimiento», aunque «podía afectar negativamente» a la adecuada asignación de capital, «no es en sí mismo un incumplimiento de los requisitos de fondos propios», aclaraba el BCE, que instaba al Popular a comunicar «inmediatamente» cualquier posible caída por debajo de los límites.

En esa frontera entre el acierto y el error, entre la dejación y los intereses personales de los directivos, se mueven los peritos, que después de más de un año de trabajo vislumbran unas irregularidades sobre las que la Audiencia Nacional deberá esclarecer en última instancia si fueron delito o consecuencia de una mala gestión empresarial.