Sara Anguera. España se enfrenta a un deterioro derivado del estado de sus grandes infraestructuras: agua, transporte, energía y logística. Durante décadas, las infraestructuras fueron el motor visible de la modernización del país. Sin embargo, hoy, el desgaste acumulado, la desatención del mantenimiento y una planificación desfasada respecto a la demanda real comprometen la productividad y la seguridad de la población.
El corsé fiscal y el orden de prioridades presupuestarias
El debate sobre el deterioro de las infraestructuras choca frontalmente con la realidad de las cuentas públicas. Con una deuda soberana estabilizada en el entorno del 100% del PIB y una previsión de desaceleración del crecimiento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que prácticamente no existe margen fiscal para incrementar las partidas destinadas a obra civil y modernización de redes.
Las presiones sobre el gasto público se concentran en transferencias rígidas y compromisos sobrevenidos:
- El incremento del gasto en Defensa para cumplir los compromisos internacionales.
- Las partidas asociadas a la adaptación climática.
- El impacto inercial del envejecimiento de la población sobre las pensiones y la sanidad pública.
Como ha señalado la presidencia de la AIReF, el diseño de una estrategia fiscal de medio plazo exige jerarquizar el gasto. Aunque el Gobierno central mantiene la potestad sobre las prioridades presupuestarias, la concentración de recursos en esas áreas desplaza la inversión en mantener de carreteras, la seguridad ferroviaria, las canalizaciones hidráulicas y la evacuación eléctrica.
Esta restricción financiera reactiva el deterioro acumulado entre 2011 y 2018, periodo en el que la inversión bruta en transporte y redes cayó a mínimos históricos (el ferrocarril, por ejemplo, pasó de 6.558 millones de euros en 2009 a 2.312 millones en 2018), generando un déficit de reposición que no se logra absorber.
Red eléctrica: saturación administrativa y freno a la vivienda
El sistema de transporte y distribución eléctrica protagoniza una de las paradojas más agudas del país: la red no presenta un colapso físico como tal, sino un bloqueo administrativo y territorial de acceso a la capacidad que paraliza sectores clave.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se vio obligada a posponer la publicación de los mapas de capacidad tras demostrar que cerca del 90% de los nudos aparecían sin margen de acceso bajo los criterios de seguridad técnicos de Red Eléctrica. El origen de este problema combina varias causas:
- Brecha burocrática: Levantar una subestación eléctrica requiere aproximadamente un año de obra física, pero su tramitación burocrática previa se prolonga entre tres y seis años.
- Especulación con los accesos: Existen solicitudes de conexión acumuladas por 67.100 MW (la mitad de toda la potencia instalada en el país), lo que refleja la existencia de proyectos especulativos que acaparan nudos con el fin de revender los permisos, manteniendo la capacidad administrativamente saturada pero sin llevar a nada.
- Desfase geográfico: Los puntos de generación renovable se han localizado donde abunda el suelo y el recurso, mientras que la demanda se concentra en las grandes áreas metropolitanas e industriales, donde el 83,4% de los nudos de distribución están formalmente saturados.
Este bloqueo repercute directamente en el sector inmobiliario. Al concederse únicamente el 12% de las solicitudes de conexión para nuevas viviendas, patronales como Asprima advierten de que están en riesgo inmediato unas 350.000 viviendas por falta de potencia eléctrica.
Infraestructura hídrica: desinversión crónica y riesgo industrial
El ciclo integral del agua ilustra el deterioro silencioso de todas las infraestructuras. El XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, presentado por DAQUAS, refleja que la renovación de canalizaciones y redes urbanas ha caído a mínimos históricos.
Pese a que las empresas operadoras han duplicado su ritmo inversor hasta los 2.415 millones de euros anuales, el déficit del sector asciende a 4.485 millones de euros al año. La causa subyacente radica en un marco tarifario que no cubre los costes reales del servicio, impidiendo sustituir las infraestructuras envejecidas y frenar las pérdidas por fugas de agua.
Este déficit se une a un comportamiento de contención en el consumo doméstico (121 litros por habitante y día, de los más bajos de Europa), lo que traslada la factura de la escasez al tejido industrial.
En foros especializados como el Congreso IBERAQUA y estudios de firmas como Schneider Electric, la mitad de los directivos industriales europeos sitúa la disponibilidad y calidad del agua como una amenaza crítica para la continuidad y expansión de sus organizaciones en los próximos cinco años. La falta de digitalización, monitorización en tiempo real y circularidad hídrica resta competitividad a una industria que asume sobrecostes para blindar sus procesos productivos.
La red ferroviaria: la paradoja entre inversión y seguridad operativa
El ferrocarril español atraviesa su crisis de mayor impacto desde la liberalización del tráfico de pasajeros. Durante el periodo 2024-2026, la coexistencia de registros de inversión elevados unido a una tasa muy elevada de incidencias y siniestros ha roto la presunción de que el dinero asignado a este sector garantiza por sí solo la fiabilidad del servicio.
La liberalización de los corredores de alta velocidad multiplicó la afluencia de viajeros, en el eje Madrid-Barcelona la cuota modal frente al avión escaló del 48% en 2005 al 82,5% en 2023 tras la entrada de operadores como Iryo y Ouigo, pero la infraestructura física, los sistemas de señalización y las plantillas de los Centros de Regulación y Control (CRC) no se redimensionaron para gestionar esa densidad de tráfico.
Los factores de degradación del sistema de alta velocidad son varios
- Deterioro de la puntualidad: El retraso medio del AVE llegó a rozar los 19 minutos en periodos pico de 2025, forzando a Renfe a flexibilizar sus compromisos de compensación histórica (ampliando los umbrales de devolución de billetes de 30/60 minutos a 60/90 minutos).
- Fatiga del material rodante: La incorporación de nuevas series se vio lastrada por problemas de se demasiado modernos para la infraestructura vigente, fallos de rodadura y retiradas temporales del servicio.
- Picos de siniestralidad e incidencias: La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) notificó en 2024 un récord de 107 incidentes relevantes. En 2026, la situación se agravó con los siniestros de Adamuz (Córdoba) en enero y el choque en Urda (Toledo) en octubre en el corredor Madrid-Andalucía, este último con decenas de fallecidos y la paralización temporal de los servicios ferroviarios hacia el sur.
La situación del corredor Madrid-Andalucía, que había recibido 700 millones de euros de inversión para su renovación integral completada en 2025 y sin embargo sufrió graves incidencias y accidentes poco después, demuestra que la inversión económica resulta insuficiente si no va acompañada de un rediseño de los protocolos técnicos, sistemas de seguridad redundantes y una adecuada gobernanza del tráfico.
El impacto en carreteras y logística
El resto de la red de transporte sufre el mismo problema. El déficit de conservación en la red de autopistas y carreteras estatales y autonómicas deteriora los pavimentos, lo que incrementa los costes de transporte de mercancías y agrava la siniestralidad.
Del mismo modo, aunque los aeropuertos han recuperado y superado sus volúmenes de pasajeros y carga, se enfrentan a restricciones en sus conexiones terrestres y a una baja intermodalidad directa con trenes de mercancías y de alta velocidad.
El estrangulamiento de las infraestructuras en España responde a la confluencia de tres vectores:
- Límites fiscales estructurales que obligan al Estado a priorizar transferencias sociales, pensiones y defensa frente al mantenimiento de la obra civil.
- Dilación burocrática y especulación que obstaculizan la asignación de potencia eléctrica y el despliegue de nuevas instalaciones.
- Un modelo de explotación intensivo que ha fomentado el rápido crecimiento de la demanda sin dotar a las redes de la capacidad de control, mantenimiento preventivo y gobernanza técnica que exige su funcionamiento.
Debido a todo lo mencionado, los expertos en diversos sectores de las infraestructuras mencionadas no solo piden más inversión económica para renovar las infraestructuras actuales, sino que también exigen al Gobierno una mejor gestión de los recursos, además de una relajación burocrática que podría mejorar los plazos para ofrecer unos servicios con mayor seguridad, especialmente después de los siniestros en los trenes de alta velocidad.