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El Congreso, a instancia de Unidas-Podemos, aprueba las cuentas básicas de pago para los ‘sin papeles’

El Congreso, a instancia de Unidas-Podemos, aprueba las cuentas básicas de pago para los ‘sin papeles’

20 diciembre, 2022
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Actualizado: 20 diciembre, 2022 16:07
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La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidas Podemos (UP) sobre las cuentas básicas de pago, que, entre otras cosas, incluye facilitar su acceso a personas sin permiso de residencia o documentación que acredite su situación de vulnerabilidad.

Las cuentas de pago básicas responden a la necesidad de promover la inclusión financiera en la Unión Europea, facilitando el acceso de los consumidores a los servicios bancarios básicos, según lo explica el Banco de España en su web.

Los bancos no solo se encuentran obligados a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios, sino también a darlas a conocer e informar sobre sus características, explica el organismo.

Entre las novedades de la proposición de UP figura que los documentos que acrediten que el solicitante ha pedido protección internacional, que expide el Ministerio del Interior, o los informes emitidos por los servicios sociales, sean válidos para acceder a una cuenta básica.

Asimismo, que puedan beneficiarse de ellas personas sin permiso de residencia pero a los que no es posible expulsar del país.

En su desarrollo, el proyecto tendrá en cuenta una enmienda presentada por el PSOE, que insta a mejorar el control sobre la actividad de las entidades financieras y a agilizar los trabajos de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero.

La Comisión ha aprobado también, a instancias de Ciudadanos y con el voto favorable de todos los grupos, una proposición no de ley para impulsar la retirada de efectivo en tienda o «cashback», lo que llevará a reformar el decreto de noviembre de 2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, con el fin de darle una adecuada cobertura legal y facilitar el acceso al dinero en efectivo.

De lo que se trata es de instar desde las administraciones públicas a que las entidades financieras incluyan el «cashback» como una solución eficiente y viable que no requiere de la instalación de nuevas infraestructuras. 

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