El Congreso ha derogado este martes, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley ‘ómnibus’ que incluía la revalorización de las pensiones y otras muchas medidas que el Gobierno intentaba colocar con el tema tan sensible para la opinión pública como es el de las pensiones. Ninguno de los cuatro partidos que han votado en contra se oponen a la revalorización de las pensiones, como intentan trasmitir PSOE, Sumar y el resto de la extrema izquierda del arco parlamentaria. Simplemente no aceptan el ‘chantaje’ del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar «hacer daño a millones de ciudadanos», las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.
Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.
Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.
Críticas a un decreto «trufado»
PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley ‘ómnibus’ porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba «trufado» de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la «okupación».
De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma que no incluya otras medidas.
Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también tuvieron un papel muy crítico, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.
Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el real decreto ley incluía medidas como la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables, la prórroga de los módulos de los autónomos, la extensión de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos o medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios
