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Francisco GonzálezFrancisco González, expresidente del BBVA. /EFE

El director de los servicios jurídicos de BBVA apunta a Francisco González en el caso Villarejo

Adolfo Fraguas cree que el fichaje del excomisario de Policía para tareas de información y espionaje no pudo hacerse al margen de la excúpula del banco

El director de los servicios jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas, ha señalado este jueves al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano como responsable de contratar al excomisario José Villarejo, si bien ha dicho que dado su escalafón no pudo hacerlo al margen de la dirección anterior, es decir, la que presidía Francisco González.

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Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, en su extensa declaración ante el instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, Fraguas, que volverá a la Audiencia Nacional en un día aún por concretar, ha responsabilizado de los contratos con el expolicía a Corrochano y al exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias y expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, cesado tras su imputación.

De forma más tangencial ha expuesto que otra de las personas que podía estar al tanto era el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, aunque -según las mismas fuentes- de su declaración también se puede interferir que el expresidente de la entidad Francisco González podía saber algo al respecto.

García Castellón y los fiscales del caso han retomado esta mañana el interrogatorio que Fraguas comenzó a prestar la semana pasada como representante legal del banco, imputado como persona jurídica por los pagos de la entidad a Villarejo por trabajos de espionaje.

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En aquella ocasión, permaneció ante el juez durante tres horas y media, y hoy se ha extendido cinco horas más; según fuentes, deberá ser citado otro día o más -aún por fijar- para completar el interrogatorio que está formulando la Fiscalía, por lo que aún les queda preguntar a los abogados personados en nombre del banco.

La larga comparecencia, que hoy se ha prolongado hasta entrada la tarde, se ha centrando fundamentalmente en el sistema de «compliance» o cumplimiento normativo del BBVA, investigado por supuesto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, y si cumplió con los preceptos internos.

A este respecto, justo después de concluir su primer día de declaraciones, fuentes del banco que preside Carlos Torres reiteraron el compromiso de la entidad con la justicia, con la que aseguran haber colaborado de forma «proactiva» desde el inicio de la causa aportando documentación y el propio informe «forensic» elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.

«Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día», indicó entonces Torres.

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Fraguas ha sido de los pocos que no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, como sí han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa -cargos actuales y pasados del BBVA- con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del banco con Villarejo continúa bajo secreto.

Siguió así la misma línea el expresidente del BBVA Francisco González, que optó por hablar para desvincularse del excomisario y defender la actuación de la entidad, más allá de alguna conducta individualizada que, de confirmarse, podría tener reproche penal, aludiendo fundamentalmente a Corrochano.

La del BBVA es la novena pieza del caso Tándem sobre los negocios del excomisario y gira en torno a las contrataciones que habría realizado el banco desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad y que finalmente no tuvo éxito.

El juez García Castellón sospecha que «la cúpula» del BBVA consintió que se contratara a Villarejo para tareas de información y espionaje -habría intervenido unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podían reportar.