El exCEO del Banco Popular Francisco Gomez niega los ajustes contables y la mala valoración inmobiliaria

El ex consejero delegado del Banco Popular Francisco Gómez ha defendido hoy ante el juez las cuentas de la entidad y ha rechazado que se realizaran ajustes contables o que estuvieran mal valorados los activos inmobiliarios, de los que entre 2014 y 2015 se vendieron cada año 2.000 millones con plusvalías.

Tras las comparecencias del expresidente del banco Emilio Saracho y del exvicepresidente Roberto Higera, llega ahora el turno de Francisco Gómez, que se jubiló en 2016 tras 30 años en la entidad y fue consejero delegado desde enero de 2013 hasta julio de 2016, once meses antes de la resolución del banco y su posterior venta al Santander al precio de un euro.

A preguntas del juez instructor, José Luis Calama, y de la Fiscalía, Gómez ha negado que en el banco se realizaran ajustes contables de ningún tipo, y ha defendido al equipo gestor de una entidad tras cuya resolución y la consiguiente amortización de las acciones a cero, él, junto con sus hijas, perdió 600.000 euros.

Según fuentes jurídicas, si bien ha reconocido que quizás el Popular se expuso en exceso a activos inmobiliarios, ha rechazado de forma categórica que estuvieran mal tasados, ya que contaban con el visto bueno de los auditores internos y externos.

Prueba de ello, ha señalado, es que en 2014 y 2015 se vendieron cada año 2.000 millones en activos improductivos y con plusvalías.

Asimismo, ha rechazado la posible financiación irregular del Popular en Luxemburgo mediante sociedades pantalla gestionadas a través de Thesan Capital, que de manera consciente se habrían quedado fuera del perímetro del banco, como sostienen algunas acusaciones.

Todas las operaciones, ha explicado Gómez, pasaron sin objeción alguna por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE); no había razón para incluir Thesan dentro del perímetro de consolidación, ha explicado, criterio con el que estaba de acuerdo el auditor.

El Banco de España cambió de criterio cuando interpretó como cláusula de control una que hasta entonces se consideraba de garantía.

Francisco Gómez también se ha referido a la ampliación de capital de 2016, sobre la que el expresidente Emilio Saracho aseguró ante el juez que en la entidad se dieron instrucciones verbales para colocarla entre clientes, lo que en la práctica equivalía a financiarla con dinero del propio banco.

Tal y como hizo la semana pasada el exvicepresidente del Popular durante el mandato de Ángel Ron Roberto Higuera, ha negado tal extremo y ha recordado que la ampliación de capital estaba asegurada al 100 %, un 97 por los bancos colocadores y el 3 % restante por Allianz.

Además, hubo sobredemanda, y en todo caso, dicha operativa está expresamente prohibida, por lo que las afirmaciones de Saracho constituyen no sólo una falsedad sino una calumnia.

Para el Popular, que era «la envidia de todos los bancos medianos», supuso una sobreactuación y una temeridad del entonces presidente Emilio Saracho la publicación el 3 de abril de un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se informaba de la reexpresión de las cuentas que conllevaría un impacto de 550 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, Gómez ha explicado que se trató de un hecho relevante «provocado» por Saracho, que además dejaba al consejo de administración sin margen de maniobra.

Sobre su cese, en junio de 2016, Gómez ha asegurado que no le consta que estuviera relacionada con el enfrentamiento entre el que fuera principal accionista del banco, el magnate mexicano Antonio del Valle, y el equipo de Ángel Ron.

Concluida la declaración de Francisco Gómez, el próximo investigado en declarar en la Audiencia Nacional será el expresidente Ron, los días 30 y 31 de octubre; en noviembre acudirá Antonio del Valle, y ya en 2010 están citados exdirectivos y exconsejeros.

El caso, iniciado en octubre de 2017, consta de dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016, durante el mandato de Ron, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones, con Saracho en la presidencia.