El FROB ve ‘razonable’ que el Estado se mantenga en Caixabank más allá de 2023

La presidenta del FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva), Paula Conthe, ve «razonable» que la participación pública en el accionariado de CaixaBank se mantenga más allá de 2023, aunque es una decisión que compete al Gobierno.

Durante su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, Conthe ha reconocido que «hay que asumir que va a ser muy difícil recuperar la totalidad» de las ayudas concedidas en su día a Bankia, aunque ha insistido en que el objetivo último del FROB es maximizar el porcentaje recuperado.

El grupo BFA-Bankia recibió en su día una inyección de 22.424 millones de euros, de los que 10.620 millones fueron a parar a Bankia -la filial cotizada- antes de absorber BMN, que había obtenido a su vez 1.645 millones.

Según ha apuntado hoy Conthe, la decisión de privatizar definitivamente la entidad debe tener en cuenta el precio de la acción, pero también «la previsión de su evolución, el contexto macroeconómico y, sobre todo, la volatilidad del mercado». «Desde el punto de vista técnico (…), en un contexto de incertidumbre macroeconómica como la actual y de volatilidad de los mercados, y también desde la máxima confianza en la capacidad del equipo gestor de Caixa de generación de valor y el potencial de la acción de seguir evolucionando favorablemente, sería razonable pensar que tendría sentido considerar el ampliar ese plazo», ha dicho Conthe.

El Estado, a través del FROB, es el segundo mayor accionista de CaixaBanck con un 16 %, sólo por detrás de la Fundación Bancaria La Caixa (30 %) desde la fusión en 2020 con Bankia (donde controlaba casi el 62 %, ya que controlaba el 100 % de BFA, su matriz).

Según ha destacado la presidenta del FROB, mientras que antes de la fusión la valoración de la participación pública en Bankia no llegaba a los 2.000 millones, ahora (a finales de septiembre) ronda los 4.300 millones.

HASTA FINALES DE 2023

En la actualidad el Estado tiene de plazo hasta finales de 2023 para privatizar su participación en la entidad bancaria después de que a comienzos de 2021 el Gobierno explicara que quería contar con más tiempo para tratar de maximizar la recuperación de las ayudas públicas que en su día se otorgaron a Bankia.

De prolongarse, sería la cuarta extensión del plazo de privatización, tras esa de 2021 y las acordadas antes por el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018). En 2012 España decidió sacar adelante una ley en la que se comprometía a vender íntegramente las acciones suscritas por el FROB en las entidades rescatadas en un plazo no superior a cinco años desde la fecha de suscripción. Esto suponía que el Estado debía salir del accionariado de Bankia en 2017. Sin embargo, se trataba de compromisos acordados por el Gobierno de Rajoy y no con el resto de socios de la UE, plasmados únicamente en una ley nacional susceptible de ser modificada o derogada por otra norma de igual rango o posterior.

Por ello, a finales de 2016 el Gobierno sacó adelante un real decreto ley que ampliaba de cinco a siete años el plazo para privatizar Bankia y sentó las bases para que con un mero acuerdo del Consejo de Ministros se pudiera volver a dar una prórroga. Eso permitió extender en un primer momento de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión y en 2018 se amplío de nuevo hasta diciembre de 2021. Sin embargo, en febrero de ese año se acordó ampliar hasta diciembre de 2023.