El Gobierno de PSOE-Sumar vuelve a usar su situación de privilegio usando los decretos leyes en su beneficio electoral. Ahora anuncia que subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, según la memoria del real decreto que ha sometido el Ministerio de Trabajo a audiencia e información pública. Esa es la mayor subida del SMI en toda la legislatura de los socialiistas de Pedro Sánchez con la extrema izquierda de Yolanda Díaz, que llama a ‘tomar las calles’ en plena campaña de elecciones y que apoyan en ambos caso la huelga general de sus sindicatos afines y subvencionados con dinero de los impuestos de todos los españoles, UGT y CCOO, contra la oposición y a favor del Ejecutivo.
Esta subida supera a la planteada el miércoles por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que recomendaba elevar el SMI un 4,9 % en 2027, propuesta que quedó trasladada posteriormente a los agentes sociales sin entrar en pormenores de la negociación.
El plazo para presentar aportaciones al proyecto de la norma concluye el próximo 16 de noviembre, momento a partir del cual podría aprobarse por el Consejo de Ministros.
La subida del SMI propuesta por el Gobierno de PSOE-Sumar es incluso superior a la de la comisión de ‘expertos’ de Yolanda Díaz
Según texto del real decreto, con esta subida «se atiende de manera efectiva al derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso».
También se mantiene el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.
Se trata de la primera vez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa un real decreto de subida sin el consenso de los sindicatos, que habían reclamado un incremento del 7 % y advertido de que si no se abordaba la compensación y absorción de pluses y complementos no sellarían un acuerdo.
Desde la patronal, que no ha apoyado las últimas subidas del SMI, se tacha de electoralista una medida que podría quedarr aprobada en plena campaña a las elecciones generales del 29N y se reclamaba más tiempo para el diálogo.
El Gobierno tiene la potestad de aprobar el incremento del SMI previa consulta a los agentes sociales, en tanto que, al tratarse de un real decreto, no necesita recibir el visto bueno de las Cortes, y podría llevar cabo tras los comicios incluso estando en funciones.
De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que la subida del SMI no puede verse retrasada por la convocatoria electoral porque «todas las empresas tienen que saber el 1 de enero cuál es el salario mínimo».
La subida del SMI «es urgente»
«Es urgente ponerse manos a la obra», justificaba ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Peréz Rey, al ser preguntado por el informe de los expertos que trascendió esa misma mañana y de haber convocado a los agentes sociales horas más tarde.
Desde los sindicatos, mantuvieron su planteamiento de subida del 7 %, «porque contempla la desviación del 3,1 % al 4,9 % del IPC para el año 2026, y la proyección del 4,9 % para el 2027», explicaban a EFE fuentes de CCOO.
El sindicato exigía también la aprobación de una norma que impida la absorción de los pluses para compensar la subida del SMI y pedía aclarar el impacto en la tributación fiscal y garantizar que el resultado sea que se asegure de manera neta el poder adquisitivo.
En este sentido, la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró recientemente que el SMI seguirá sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF).
«Vamos a seguir con este compromiso de seguir subiendo el SMI y que siga estando exento de tributación», dijo Saiz, dejando claro que el Gobierno actualizará la deducción para que quienes cobran el SMI «no paguen IRPF».
En la actualidad, los trabajadores que cobran el SMI (17.094 euros) se aplican una deducción de 591 euros, lo que garantiza que no tributen con independencia de sus circunstancias personales.
Su actualización conlleva una reforma legal que deberá ser aprobada en la Diputación Permanente o, previsiblemente una vez comenzado 2027, por el nuevo Gobierno que salga de las urnas.